Igualdad, de la ley a la realidad

La igualdad es el principio que sostiene que todas las personas deben de tener la
oportunidad de desarrollar sus capacidades y habilidades, sin restricción derivada
de alguna condición física, social o de otro tipo.

La Constitución Política de nuestro garantiza la aplicación de ese principio,
señalando que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, y que
recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos
derechos, libertades y oportunidades en condiciones de equidad. Estas son
conocidas como las garantías individuales.

Con la reforma constitucional del 10 de junio de 2011, quedó establecido que
todas las personas gozarán de los Derechos Humanos reconocidos por la
Constitución y los tratados internacionales de los que nuestro país sea parte. Así
las garantías individuales se fortalecen con los Derechos Humanos, de acuerdo a
lo establecido por los artículos 1o., 2o., 4o., 5o., 12, 13, y la fracción IV de la
Constitución. De esta manera la igualdad quedo relacionada con la legislación
nacional vigente.

Con este marco jurídico, las garantías de igualdad, buscan proteger la condición
de igualdad de todas las personas ante la ley y las autoridades del estado, a fin de
prevenir, evitar y actuar frente alguna consideración que determine discriminación,
obligando a todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, para
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.

Respecto a la libertad, la igualdad y la no discriminación, con el nuevo paradigma
jurídico de los Derechos Humanos, nuestra carta magna es completamente
categórica, señalando por ejemplo que “en todo el territorio de nuestro país está
prohibida la esclavitud”. También que “el hombre y la mujer son iguales ante la
Ley, por lo que se deberá garantizar que accedan a las mismas oportunidades“. Y
que “queda prohibida toda discriminación” por razones de origen étnico, de
género, edad, de discapacidad, condición social, de salud, religión, estado civil y
cualquier otra que tenga el objetivo anular o menoscabar los derechos y libertades
de las personas afectando su dignidad humana.

Hasta aquí, en materia jurídica formal, todo parece perfecto para que México,
inevitablemente sea el paraíso de la vigencia de los derechos humanos, de la
igualdad, la equidad, la inclusión y la no discriminación.

Sin embargo la realidad nos muestra que, de acuerdo al último informe de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) México es uno de los países de
América Latina con mayor desigualdad pues el 1% de su población concentra el
29% de la riqueza total. También las encuestas nacionales sobre discriminación
(ENADIS) desde la de 2005 a la de 2017, siguen probando que el nuestro es un
país que discrimina por razones sociales, raciales, por condiciones de género, de
preferencia sexual, religiosa, política, y otras más.

La ENID de 2005, reveló que el 90% de los mexicanos considera que en México
hay discriminación. Que se discrimina más son a los ancianos, a los indígenas y a
las personas con discapacidad. Los que se sienten más discriminados son las
personas de la comunidad LGBTIQ+, las personas con discapacidad y los
indígenas. Los que han sido más discriminados en el trabajo son las personas con
discapacidad, las personas de la diversidad sexual y de genero, las personas
mayores y las mujeres.

Según la ENID 2017, el 20.2% de la población de 18 años y más declaró haber
sido discriminada en el último año por alguna característica o condición personal,
Los resultados de la Encuesta Nacional de Discapacidad (ENADIS) de 2019,
revelaron que alrededor del 25% de los mexicanos de 18 años y más, está de
acuerdo con el prejuicio de que las personas con discapacidad (PCD) son de poca
ayuda en el trabajo. El 18% no estaría dispuesto a rentarles un cuarto de su casa.

Una de cada siete personas de ese grupo de edad, no estaría de acuerdo en que
su hijo(a) se casara con una persona con discapacidad. Una de cada cuatro
personas no les gustaría que se eligiera para la Presidencia de la República a
alguna persona con discapacidad. Así, la mitad de la población con discapacidad
percibe que sus derechos no son respetados.

Pese a todo lo anterior, de tanto escuchar las palabras igualdad y no
discriminación, en los discursos oficiales, en los medios de comunicación, en las
instituciones y en muchas de las conversaciones cotidianas comunes, resulta en
que muchos piensen que esos derechos siempre han existido, que son un gracia
otorgada por el Estado, que incluso beneficia inmerecidamente a algunos y que sí
las personas no los ejercen es solo porque no quieren.

Pero al mismo tiempo, esos críticos, sí se le pregunta, no las saben definir con
precisión, no distinguen sus diferencias, ni su base jurídica. Tampoco conocen o
saben con precisión a qué instituciones cómo la Comisión Nacional de Derechos
Humanos (CNDH), el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación
(CONAPRED) o la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pueden acudir
si sus derechos son violentados.

Por el desencanto generalizado acerca de las instituciones que han tenido un
crónico mal desempeño y una mala imagen pública, muchos mexicanos asumen la
convicción que “nuestro país tiene las mejores leyes del mundo, pero que no se
cumplen” y que la justicia que “es pronta e inflexible para castigar por delitos
menores a los mas pobres y vulnerables, pero lenta, ciega e indulgente con los
ricos y poderosos que comenten delitos graves”

Como se ve, pese al sólido marco jurídico con el que se cuenta, la tarea de hacer
de México un país igualitario, con justicia social y sin discriminación, es enorme y
compleja, pero es necesaria realizarla si queremos salir del subdesarrollo tomando
en cuenta a todos los grupos que componemos la prodiga diversidad cultural y
social de nuestro gran país.