Nuevo Laredo, Tam, 9 de Noviembre. – Con rabia, impotencia y coraje, así
recibieron, familiares de víctimas, la noticia de la liberación de doce marinos
acusados por la FGR de desapariciones forzadas ocurridas en Nuevo Laredo en
2018, beneficiados por un amparo otorgado por el Juez Octavo de Distrito con
residencia en el estado de Tamaulipas.
“Otra vez nos enteramos de lo que pasa en nuestros casos a través de los
medios de comunicación, pues los asesores jurídicos que tenemos en la Comisión
Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) no nos informan nada, no nos ayudan en
nada”, expresaron Gregoria Hernández Morales y María Natividad Ballesteros
Rodríguez, madres de Noe Ignacio Alférez Hernández y Jonatan Ballesteros Loaiza
detenidos y desaparecidos por marinos el 2 de febrero del 2018 en la colonia
Infonavit de Nuevo Laredo.
Quienes fueron beneficiados con este amparo son Luis Armando Ruiz
Rendón, Alejandra Castillo Rico, Bernabé Apaes Marchante y/o Bernabé Apaez
Marchante, Erick Alan Zetina Morales, Narciso Antonio Lara Arceo, Omar Azamar
Reyes, Andrés Téllez Gómez, Roberto Gómez García, Ovidio Ordóñez Méndez,
Adrián Domínguez Cruz, Alan Michel Álvarez Meléndez y el capitán Alfredo Reyes
Mondragón, todos ellos integrantes del grupo de Operaciones Especiales de la
Marina, dentro de la causa procesal 305/2021.
Apenas el viernes pasado, familiares de víctimas de desapariciones forzadas
sostuvieron una reunión virtual con representantes de la Asesoría Jurídica Federal
y Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), convocados por la Comisión Nacional de
los Derechos Humanos (CNDH), en seguimiento a la recomendación 36VG/2020
para acordar búsquedas de campo en quince puntos referenciales en la región
colindante entre los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, mismas que
iniciaron hoy lunes 8 de noviembre.
“Queremos encontrar a nuestros familiares que siguen desaparecidos a tres
años de distancia, queremos justicia y queremos que se castiguen a los marinos
responsables de estas desapariciones, ya basta de tanto dolor y de tanto
sufrimiento, ya basta de tanta impunidad”, declaró Manuela Trinidad Ramírez madre
de Daniel Gerardo García Ramírez, desaparecido por marinos en junto con Marco
Antonio Romero Sánchez, el 15 de abril del 2018.
Familiares exigirán renuncias de Fiscal Especial y Agentes del
Ministerio Público: Asesores jurídicos de CEAV, comparsas de la FGR
Para Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de
Nuevo Laredo la liberación de doce marinos imputados por el delito de desaparición
forzada de personas no es obra de la casualidad, sino producto de toda una
estrategia jurídica que involucra al Almirante Marco Antonio Ortega Siu, ex Jefe
de la Unidad de Operaciones Especiales de la Marina, al Fiscal Especial Abel
Galván Gallardo, titular de la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos
de Desaparición Forzada y el abogado Julio César Pulido Segura, Director de la
Asesoría Jurídica Federal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
“Estos tres personajes son quienes han tramado una estrategia institucional
para deslindar de responsabilidad penal a los marinos involucrados en las
desapariciones, especialmente a los mandos medios y altos de la institución, han
omitido actos de investigación por espacio de tres años soslayando evidencia sólida
y testigos, pero, por el contrario, insistiendo en criminalizar a las víctimas y
relacionarlas con grupos delictivos”, explicó.
El presidente del Comité de Derechos Humanos agregó que el fiscal especial
de la FGR, Abel Galván Gallardo utiliza a dos agentes del Ministerio Público, Antonio
Saucedo Cruz y Lester Bautista Mejía para presionar a las víctimas a caer en
contradicciones, hostigar testigos y ocultar evidencias que prueban la participación
directa de más de un centenar de marinos en las desapariciones forzadas ocurridas
entre febrero y mayo del 2018.
“En la próxima reunión que tengamos con autoridades del Gobierno Federal
solicitaremos la renuncia de estos cinco funcionarios tanto de FGR como de CEAV
por evidentemente permitir que a tres años de distancia no hay resultados
favorables ni en las investigaciones ni en las búsquedas, todo es una simulación
para desesperar a las familias y que se cansen” declaró Ramos.
“Esperemos que este personal de Marina que fue liberado al menos ya no
regrese a operaciones navales en el territorio nacional, pues existe el riesgo de que
vuelvan a cometer violaciones graves a los derechos humanos como sucedió con
el capitán Alfredo Reyes Mondragón, quien después de participar en las
desapariciones forzadas de Tamaulipas hizo lo mismo en Guanajuato en 2018”,
agregó.
Finalmente el presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo
Laredo, organización no gubernamental que acompaña a familiares de víctimas de
desapariciones forzadas, tortura y ejecuciones extrajudiciales exhortó al Sub
Secretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro
Encinas Rodríguez y a la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, María del Rosario Piedra Ibarra a pronunciarse públicamente sobre la
decisión del Juez Octavo de Distrito, Faustino Gutiérrez Pérez, para otorgar el
amparo que permitió la liberación de doce marinos.
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