NUEVO LAREDO, Tam., 6 de septiembre.- Este domingo, 5 de septiembre,
se cumplieron dos años de la masacre de ocho personas en el fraccionamiento
Valles de Anáhuac de este Municipio; dos agentes detenidos, tres policías
convertidos en testigos protegidos y dos elementos más siguen prófugos es el
resultado de las “investigaciones” realizadas por la Fiscalía General de Justicia de
Tamaulipas y de su compromiso de “hacer justicia”.
Esta es la versión del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo A.C.
que dirige Raymundo Ramos Vázquez.
En esa fecha elementos de la POLICÍA ESTATAL ACREDITABLE y del
CENTRO DE ANALISIS, INTELIGENCIA Y ESTUDIOS DE TAMAULIPAS, (CAIET),
con el acompañamiento y la complicidad de personal militar de la SECRETARIA DE
LA DEFENSA NACIONAL allanaron tres domicilios particulares sin orden de cateo,
detuvieron a cinco hombres y tres mujeres y luego las ejecutaron a la mayoría con
un disparo en la cabeza, las víctimas presentaban huellas de tortura y marcas en sus muñecas de
haber sido esposados al momento de su muerte.
En un intento por justificar su acción criminal, el director del desaparecido
CAIET, FELIX ARTURO RODRIGUEZ RODRIGUEZ informó a un grupo de
periodistas que cubren la fuente de seguridad pública que habían “abatido” a ocho
integrantes de un grupo delictivo y además aseguraron quince armas de fuego
durante un enfrentamiento entre autoridades federales y estatales con civiles
armados.
Sin embargo, el testimonio de al menos tres víctimas sobrevivientes y una
investigación del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo permitieron
descubrir que dicho “enfrentamiento” fue en realidad un MONTAJE organizado por
el director del CAIET para encubrir los homicidios realizados por el personal bajo su
mando.
Las víctimas de detención arbitraria, tortura y ejecuciones extrajudiciales
fueron identificadas como LUIS FERNANDO HERNANDEZ VIESCA, JENIFER
HAZEL ROMERO LOPEZ, CINOY ESMERALDA BRISEÑO CHAPA, JUANA
YETZEL GRACIANO MAGAÑA, JOSÉ DANIEL SAUCEDO MARTÍNEZ,
ENRIQUE PEREZ CHAVEZ, WILBERT IRRASTRETO PEREZ Y SEVERIANO
TREVIÑO.
Hasta el momento ningún militar perteneciente a la Secretaría de la Defensa
Nacional ha sido investigado por su participación en estos hechos, a pesar de
justificar ante organismos defensores de los derechos humanos que su presencia
el día del montaje criminal solamente “prestaron apoyo brindando un perímetro de
seguridad”. Algunas de las unidades militares tenían los siguientes números
económicos: 0916312, 0916324 y 0916593.
Por estos hechos la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)
mantiene abierto el expediente de queja CNDH/2/8078/2018/Q,, mismo que
familiares de las víctimas han solicitado a su presidenta Rosario Piedra Ibarra que
concluya su integración y emita una recomendación por violaciones graves a los
derechos humanos.
AUTORIDADES DE TAMAULIPAS SIMULAN JUICIO PARA BENEFICIAR
A LOS AGENTES DEL CAIET DETENIDOS
De las “investigaciones” por estos hechos realizadas por el fiscal especial
Adelfo Gabriel González Pérez, con fecha del 5 de noviembre del 2019 solicitó al
Juez de Control del Primer Distrito Judicial de la Primera Región, Aldo René Rocha
Sánchez, siete ordenes de aprehensión por los delitos de HOMICIDIO
CALIFICADO, ABUSO DE AUTORIDAD, FALSEDAD EN INFORMES DADOS A
UNA AUTORIDAD Y ALLANAMIENTO DE MORADA dentro de la Carpeta
Procesal 232/2019, (OMITIENDO TORTURA Y ROBO ENTRE OTROS DELITOS),
siendo detenidos diez días después solamente dos agentes del Centro de Análisis,
Estudios e Información de Tamaulipas (CAIET): JOSÉ RAFAEL GONZÁLEZ
VILLALPANDO y RICARDO GUADALUPE MENDOZA AGUIRRE e internados
en una cárcel del municipio de Tula una vez que se calificó de legal su
detención.
Otros tres policías estatales solicitaron el beneficio de criterio de oportunidad
para “colaborar” con las autoridades investigadoras a cambio de cancelarlas
órdenes de aprehensión en su contra, siendo estos
ZAYRA CONCEPCIÓN GUEVARA GARZA, JUAN CARLOS VICENCIO
ZUVIRIE, AZARIEL URBINA ARGUELLES, actuación que fue acordada por el
Fiscal Especial el 6 de noviembre del 2020, sin informar a familiares de las víctimas
los alcances, objetivos de esta decisión y su fundamento legal.
Mientras que otros dos agentes de la policía estatal EDITH ESTEBAN
CRUZ y FRANCISCO HERNANDEZ CARBAJAL hasta la fecha se encuentran
prófugos y extrañamente sin poder ser localizados en todo el territorio nacional.
FAMILIARES DE LAS VÍCTIMAS DESCONOCEN SI LA FISCALIA GENERAL DE
JUSTICIA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS HA SOLICITADO LA
COLABORACIÓN DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y DE OTRAS
FISCALÍAS DE LOS 30 ESTADOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA ASI COMO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
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