Mercedes, Texas.- La organización civil Proyecto Libertad y Democracia criticó la decisión del gobernador Greg Abbott, quien vetó este inicio de semana, el proyecto de ley senatorial 237, que buscaba reducir las penas contra personas que incurren en invasión a propiedad privada, esto en el marco de su defensa por fincar cargos por “traspaso criminal” contra personas indocumentadas, que sean detenidos en ranchos o tierras de dueños fronterizos.
“Abbott prácticamente legitimo hoy su discurso sobre querer acusar a los migrantes que cruzan la frontera de “traspaso criminal”, es tiempo para las organizaciones defensoras de los derechos civiles de protestar contra esta arbitrariedad, que incluso va en contra de las leyes federales sobre migración y seguridad fronteriza”, señaló el sociólogo, Guillermo Arriaga quien es miembro del consejo consultor de la organización.
Agregó que la detención de inmigrantes sin documentos que la frontera de Estados Unidos con México si no son fugitivos de la justicia o criminales buscados en el país, solo corresponde a las autoridades migratorias.
El gobernador vetó este inicio de semana la propuesta senatorial SB 237 que proponía que los departamentos policiales sancionaran y soltaran a personas que ingresen a una propiedad privada sin consentimiento, siempre y cuando la acusación no presente otros cargos en su contra.
En sus conclusiones sobre el veto al proyecto de ley Abbott señala: “que el cambio en la ley hubiese significado una preocupante situación para los dueños de negocios y casas en Austin que toman en cuenta el arresto de vagabundos que han incurrido en el “traspaso criminal a propiedad” sobre todo en locaciones desocupadas.
Además de que impediría a los oficiales de policía hacer arrestos de quienes cometan este delito en ciudades fronterizas.
“Tentaría a las agencias policiales a categorizar el mandato de “multar y liberar” por este delito, ya que le quitaría a los oficiales una herramienta importante para mantener seguro a Texas”.
El sociólogo Arriaga no descartó que cuando el gobierno de Texas comience a aplicar esta política contra los inmigrantes sin documentos, se presenten una avalancha de demandas civiles en cortes locales, por posibles violaciones a derechos humanos.
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