CD. DE MEXICO, 8 DE MAYO DE 2021.- Como una iniciativa de protección social, legisladoras del PRI plantearon reformar el artículo 11 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, para que en caso de contingencia se garanticen las condiciones de trabajo accesibles e inclusivas a este sector de la población.
La diputada federal, Mariana Rodríguez Mier y Terán, ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, presentó la iniciativa de ley en nombre de la autora, la legisladora Rosa Elia Morales Tijerina, con el objetivo de colocar a las personas con discapacidad en el centro de atención en materia económica, de salud, educación y de servicios.
Con la reforma a la fracción ll del artículo 11 de la mencionada ley, explicó, se desarrollaría una protección social que brinde asistencia inmediata a las personas con discapacidad, a través de transferencias en efectivo, apoyo en especie y mecanismos de ejecución adaptados a sus necesidades.
La también vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Mariana Rodríguez Mier y Terán, argumentó que“México no es ajeno a esta grave problemática, la pandemia ha provocado que muchas personas con discapacidad perdieran su empleo, formal o informal. De igual manera, ciudadanos señalan que tampoco pueden acceder a los apoyos que otorga la Secretaría de Bienestar federal, toda vez que su edad los deja fuera de las reglas de operación de los programas de apoyos federales”.
Cabe recordar que la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2018, señala que de las personas con discapacidad que tienen 15 años o más de edad, 38.5 por ciento forman parte de la población económicamente activa.
“No tenemos la menor duda que mediante la presente iniciativa, contribuiremos para que las personas con discapacidad cuenten con las mismas oportunidades para participar en el ámbito laboral con las mejores condiciones posibles, respecto al resto de la población”, explicó Rodríguez Mier y Terán.
En el GPPRI, refrendó la legisladora, estamos convencidos del imperativo de fortalecer nuestro marco jurídico con el objetivo de promover políticas públicas orientadas a garantizar que los grupos vulnerables puedan ejercer de manera efectiva sus derechos humanos, así como asegurar su plena y efectiva incorporación al desarrollo nacional.
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