CIUDAD DE MÉXICO, 8 DE MARZO DE 2021.- Con el voto en favor de la mayoría de las fuerzas políticas y la abstención del PRI, las comisiones de Justicia y Estudios Legislativos Segunda del Senado aprobaron castigar el uso político de la Fiscalía General de la República (FGR), pues se removerá al personal que desarrolle investigaciones sin sustento jurídico o que filtre información que obre en carpetas de investigación o sea parte de un proceso penal.
A propuesta del panista Damián Zepeda, la nueva Ley de la Fiscalía General de la República (FGR), avalada por la mayoría esta tarde, incluyó que los servidores públicos de la Fiscalía serán removidos de sus puestos cuando ejecuten “actos de molestia no justificada”.
También serán removidos por “abrir y desarrollar investigaciones sin sustento” y por “dar a conocer, entregar, revelar, transmitir, exponer, remitir, distribuir, grabar, audiograbar, fotografiar, reproducir, comercializar, intercambiar, compartir a quien no tenga derecho documentos, constancias, información, imágenes, audios, videos, indicios, evidencias, objetos o cualquier instrumento que obre en una carpeta de investigación o en un proceso penal y que por disposición de la ley o por resolución de la autoridad judicial sean reservados o confidenciales”.
La nueva ley establece que con instrumentos legales que le permitirán investigar de manera transversal, con la participación hasta de particulares, la FGR deberá coordinarse con todas las instancias de los tres niveles de gobierno para investigar casos que provoquen preocupación nacional, a fin de garantizar el acceso a la verdad, la justicia, la reparación del daño y la garantía de no repetición.
El dictamen aprobado mantiene la autonomía de gestión y presupuestal del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe).
El panista Damián Zepeda, la priista Claudia Ruiz Massieu, el emecista Juan Zepeda y el perredista Miguel Ángel Mancera, reconocieron la disposición de Morena a hacer los cambios que la oposición consideró necesarios en esta nueva ley, que rescata el área contra la delincuencia organizada, que existía como Subprocuraduría y que se eliminó cuando desapareció la PGR y nació la FGR.
Ahora, en la nueva estructura se crea la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada, pero se establece que todas las fiscalías, unidades y organismos de investigación podrán coordinarse para no fragmentar las investigaciones relacionadas con la delincuencia organizada.
Cuando sea estrictamente necesario, para evitar la fragmentación de las investigaciones de su competencia, las Fiscalías Especializadas podrán conocer de los delitos que hayan sido cometidos por miembros de la delincuencia organizada. En estos casos, estarán facultadas para aplicar de manera excepcional las disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, y ejercer las facultades y técnicas de investigación que correspondan”, dispone.
Incluye que “se podrán conformar equipos o unidades mixtas de investigación y litigación con personas integrantes de distintas unidades de la Fiscalía General, así́ como con personal de otras fiscalías o procuradurías de las entidades federativas a través de acuerdos de colaboración institucional, para el desarrollo de investigaciones y el ejercicio de la acción penal en el ámbito de sus competencias, cuando exista concurrencia de fenómenos delictivos. En todos los casos se cuidará la integridad y no fragmentación de las investigaciones”.
Dispone que la Fiscalía podrá crear Comisiones Especiales que “gozarán de autonomía técnica y de gestión, para colaborar en las investigaciones de fenómenos delictivos de orden federal, que debido a su contexto, a juicio de la persona titular de la Fiscalía General, amerite su creación”.
Serán delitos que “atenten contra la dignidad humana o grupos de personas por razones de origen o pertenencia a grupos étnicos o nacionales, raza, discapacidad, lengua, género, sexo, identidad o preferencia sexuales o condición de género, edad, estado civil, condición educativa, social o económica, condición de salud, embarazo, creencias religiosas, preferencias sexuales, opiniones políticas o de cualquier otra similar”.
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