CD. DE MEXICO, 22 DE MARZO DE 2021.- La Cámara de Diputados planea someter a votación del Pleno el próximo miércoles un proyecto de demanda de controversia constitucional en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra del Congreso de Tamaulipas por la aprobación del acuerdo que deja en el ámbito de esa Legislatura local la decisión de desaforar al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca.
Dicho acuerdo fue aprobado el 2 de marzo pasado y publicado un día después en el Periódico Oficial de Tamaulipas y en él se establecen las reglas del procedimiento de homologación para el ejercicio de las atribuciones que confiere al Congreso de Tamaulipas en el párrafo quinto del artículo 111 de la Constitución.
El proyecto se presentará al Pleno para su votación una vez que la dirección general de Asuntos Jurídicos dé su opinión al respecto a la presidenta de la Mesa Directiva, Dulce María Sauri Riancho.
Según el proyecto, la determinación del acuerdo tomado por los congresistas tamaulipeco viola los artículos 14, 35, 41, 49, 111, 116 y 133 constitucionales.
Según los argumentos que hoy se presentaron en la reunión de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) el acuerdo del Congreso de Tamaulipas vulnera la facultad exclusiva de la Cámara de Diputados para declarar la procedencia penal contra servidores públicos.
El acuerdo del Congreso tamaulipeco establece las bases de un “procedimiento de homologación” por parte del Legislativo estatal en términos del Artículo 111 de la Constitución, en relación con la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas, por lo que respecta a la responsabilidad penal de los diputados del Congreso, magistrados del Tribunal Superior de Justicia y/o del gobernador.
García Cabeza de Vaca enfrenta una solicitud de juicio de procedencia que de llevarse a cabo, la Cámara de Diputados se erigiría como Tribunal para determinar si al mandatario se le retira el fuero para que la Fiscalía General de la República (FGR) pueda proceder en su contra.
La FGR considera al Ejecutivo estatal como probable responsable de los delitos de operación con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y defraudación fiscal equiparada.
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