Uno de los grandes problemas de los mexicanos es el uso indiscriminado de palabras
en otro idioma, aunque en determinados contextos, como en la tecnología, música o
computación, el uso de palabras extranjeras en nuestro idioma, parece hasta cotidiano.
En nuestro país, hubo un secretario de Educación Pública que escandalizado por el
uso excesivo de palabras fuera del idioma oficial, promovió, y logró un decreto donde se
prohibió el uso de palabras extranjerizantes en lugares públicos, hasta que se presentó el
lógico conflicto con empresas trasnacionales.
En este siglo XXI es tan normal el uso de palabras extranjeras que hasta en la política
de la Cuarta Transformación del presidente López, se usan sin contemplaciones, al grado
que el término de ‘outsourcing’ ha ocupado, desde hace unos meses, un buen espacio en
contextos como el Palacio Legislativo de San Lázaro, la presidencia de la República, los
empresarios, los trabajadores y desde luego en la comunicación.
Los ciudadanos tenemos derecho a saber y, con motivo de este tema, indago en
diccionarios cibernéticos que ilustran, “Outsourcing es un término del inglés que podemos
traducir al español como ‘subcontratación’, ‘externalización’ o ‘tercerización’. En el mundo
empresarial una organización privada o gubernamental contrata a una o más empresas
externas para que hagan alguna actividad específica.”
En otras palabras: Se trata de la contratación de una empresa, comprometida a
determinadas actividades, como vigilancia, aseo, limpieza, mensajería, atención médica,
etc., sin tener una relación laboral con los trabajadores.
Lo extraordinario es que los empleados físicamente pueden desempeñarse en una
dependencia, como el mismo Palacio Nacional, pero de ninguna manera son empleados
federales.
Las prestaciones de ley, como aguinaldos, vacaciones, salarios, etc., presumiblemente
son cubiertas por la empresa que les contrata como empleados. Jamás por la dependencia
federal, estatal o descentralizada donde físicamente laboran.
Como ejemplo podemos citar dependencias federales, estatales y municipales con
sede en Tamaulipas, que tienen este tipo de contratos, como en el ISSSTE, IMSS, tiendas,
mueblerías, escuelas, etc., que pueden ser o no del gobierno.
En noviembre y diciembre pasados, en el seno de los legisladores, se dio la discusión
sobre el fenómeno de ‘outsourcing’ y tan fuerte fueron los intereses que se manosearon,
que hubo de necesidad de suspender el tema.
Sin embargo, en el Palacio Nacional, sede del gobierno y residencia del Poder
Ejecutivo Federal, los responsables de la administración del edificio, construido por y para
los españoles, decidieron no renovar el contrato a la empresa Decoaro y Supervisión S.A.
de C.V., encargada de la limpieza del inmueble, quizá porque fue identificada como
‘outsourcing’.
Aunque investigaciones periodísticas descubrieron que Decoaro y Supervisión S.A.
de C.V. ha recibido más 180 millones de pesos en contratos del gobierno federal por la
subcontratación de más de 1,500 empleados y en los pasados dos años, ha recibido 23
contratos, entre otros del Servicio de Administración Tributaria (SAT), del Instituto
Nacional de Migración (INM), de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y de las
Secretarías de Turismo (Sectur), Relaciones Exteriores (SRE) y Comunicaciones y
Transportes (SCT), entre otras dependencias.
Otro descubrimiento es que a la compañía presentó irregularidades por violaciones
laborales; además. También en asuntos fiscales, el domicilio fiscal registrado, según los
vecinos, nunca ha habido una empresa.
El presidente López Obrador hizo público su desconocimiento sobre Decoaro y
Supervisión S.A. de C.V., y se comprometió a que la compañía será revisada porque “…el
gobierno debe dar el ejemplo en temas de subcontratación.” Es decir, a más de dos años de
vivir y despachar ahí, el presidente López desconocía del tema.
Con información de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), el
Gobierno federal ha gastado alrededor de 5 mil millones de pesos en la celebración de 50
contratos con empresas tipo outsourcing, durante 2019 y 2020.
Presumiblemente el Palacio Nacional ya no renovó contratos con Decoaro y
Supervisión. El pero… es que el periódico Reforma informa que ahora, todas las labores de
limpieza en el Palacio Nacional las efectúa otra empresa, Rapax, cuyos trabajadores dicen
no tener buenas condiciones laborables.
Una empleada de Rapax dijo que la compañía solamente paga el salario mínimo y les
da 25 minutos para comer; otro dijo que los despide y contrata periódicamente para que no
generen antigüedad.
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