El domingo 6 de septiembre, personal de la Comisión Nacional del Agua
(CONAGUA) acudió a abrir la válvula de salida de la presa “La Boquilla”, ubicada en
San Francisco de Conchos, Chihuahua, a efecto de dar cumplimiento al Tratado
Internacional de Aguas de 1944, que nuestro País tiene suscrito con los Estados Unidos
de América.
En el referido Tratado, esencialmente, México se obliga a asignar a los
Estados Unidos 431.7 millones de metros cúbicos de agua de los afluentes del Río Bravo, mientras que el
País vecino en contraparte se obliga a asignarnos 1 mil 850 millones de metros cúbicos de agua de los
afluentes del Río Colorado, esto es, más de cuatro veces la cantidad que aportamos.
A pesar de lo anterior, el martes 8 de septiembre, autoridades y políticos
chihuahuenses, en su mayoría panistas y priistas, de manera profundamente pérfida e
insensata movilizaron agricultores para que se enfrentaran con la Guardia Nacional,
buscando cerrar las llaves de desfogue, bajo el artero argumento de que no habría
suficiente agua para los campesinos de continuar con las válvulas abiertas, sin
considerar que la CONAGUA desde el 23 de julio del actual, había comunicado que el
abasto de agua para el ciclo agrícola en Chihuahua estaba asegurado al cien por
ciento.
El saldo del enfrentamiento, fue de daños materiales que tardarán tres
meses en ser reparados, por un monto estimado en más de cien millones de pesos y
trágicamente la pérdida de una vida humana.
Aparentemente se trata de un conflicto local, sin embargo, lo cierto es que a
todos los mexicanos nos compete hacer un llamado para que las autoridades locales
ponga fin a la controversia.
Esto, pues de no cumplir con el Tratado se afectaría gravemente la
reputación internacional del Estado Mexicano, habría un desgaste con el gobierno de
los Estados Unidos e incluso existiría un riesgo real de una renegociación del Tratado,
del cual debo insistir, somos beneficiados con cuatro veces más agua de la cantidad
que aportamos.
Además, porque el artículo 27 de nuestra Constitución, es claro al
expresamente señalar que la propiedad de las aguas comprendidas dentro del territorio
mexicano corresponde originariamente a la nación, no así, a uno, dos o tres municipios
y mucho menos a oportunistas que una vez comenzado el proceso electoral se
transforman en paladines hídricos y de agricultores.
De igual forma, porque no podemos seguir permitiendo que políticos y
autoridades locales, que alguna vez protestaron conducirse bajo un estricto apego a la
legalidad, hoy pretendan de manera ilegítima intervenir en la toma de decisiones sobre
cuerpos receptores de agua y variables hidráulicas, llegando incluso al sabotaje,
cuando la realidad es que carecen de atribuciones en la materia.
Lo anterior lo afirmo así, pues la Ley de Aguas Nacionales es imperativa al
señalar en su numeral 113, fracción VII, que la administración de obras de
infraestructura hidráulica, como son las presas corresponde a la CONAGUA, no a las
administraciones locales y menos a sus diputados.
En este sentido, es claro que la intervención que pretenden realizar las
autoridades chihuahuenses resulta completamente ilegítima, atenta contra nuestra
Constitución y contra todo el Estado Mexicano.
Por esto, considero necesario que como ciudadanos hagamos un llamado
para la resolución inmediata de la controversia.
Finalmente, al político local que amagó señalando la importancia de recordar
que la revolución comenzó en Chihuahua, únicamente puedo comentarle que las
mejores doctrinas de teoría del estado (Rousseau, Hobbes, Montesquieu, etc.) son
unánimes al precisar que las revoluciones tienen como objetivo constituir nuevos
Estados o regímenes constitucionales, no el sabotaje, por lo que nunca podría
considerarse el motín en el que participa como una verdadera revolución.
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