Hay un Acuerdo del Consejo General Electoral de finales de julio que fue publicado esta semana en el Diario Oficial de la Federación a través del cual se notifica a las siete organizaciones políticas que buscan convertirse en partidos nacional y a los que ya son partidos, para que modifiquen a la brevedad posible sus documentos básicos a fin de que incorporen la modalidad virtual mediante herramientas tecnológicas durante la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-Cov2, COVID-19, que se hace en función de las argumentaciones presentada por esas organizaciones señaladas como de interés público.
En el mismo acuerdo se da respuesta directa al Organización Redes Sociales Progresistas, A.C., para que en base
al Acuerdo INE/CG97/2020, del 28 de mayo pasado, modifiquen sus documentos básicos y emitan los Reglamentos internos y acuerdos de carácter general que requieran, durante septiembre y octubre de 2020, considerando los plazos legales y reglamentarios para su notificación.
En el caso del PRI, el Artículo Tercero del Acuerdo precisa que el Consejo Político Nacional de ese instituto, tiene la atribución para reformar, adicionar o derogar normas de sus Estatutos y Programa de Acción, conforme con lo
previsto en sus documentos internos, por tanto, todos los Partidos Políticos Nacionales, si sus dirigencias lo
autorizan, podrán celebrar las sesiones de sus órganos de dirección a distancia o de manera virtual mediante el uso de herramientas tecnológicas, o el uso de éstas y presenciales, durante la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, COVID-19.
También los partidos políticos nacionales están el proceso de reformar y adicionan las disposiciones de ocho Leyes Generales que fueron reformadas con miras a los procesos electorales que vienen, los del 2021. Estas son, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de Instituciones y Procedimientos Electorales, del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, Ley General de Partidos Políticos, Ley General en Materia de Delitos Electorales, Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Están obligados a informar a las autoridades dentro del plazo previsto en la Ley General de Partidos Políticos, de lo contrario podrían hacerse acreedores a sanciones.
Se trata de asuntos que se alinean poco a poco a la realización de los proceso electorales concurrentes que se
celebrarán el año venidero y entre las cosas que apuran es que, se incorpore a sus documentos internos esto de la nueva forma de reunirse para determinar aquello que harán para encontrarse en condiciones de cumplir punto por punto las acciones marcadas en la Leyes Electorales y que deben ser observadas con meticulosidad a partir de que se pongan en marcha los procesos, mismos que están ya a la vuelta de la esquina, porque será después de la primera semana del mes de septiembre, es decir, en 15 días.
En suma, los partidos tienen que adecuarse a la nueva realidad ocasionada por el cambio abrupto en el hacer de los ciudadanos debido a la pandemia de coronavirus que tienen en jaque hasta elecciones en México y en otras
naciones del mundo.
Es el caso aquí de las elecciones locales para alcaldes y diputados que se llevarían a cabo el pasado mes de junio
en Coahuila e Hidalgo y que, por determinación del INE, se reprogramaron para el 18 de octubre próximo, bajo la premisa de que el INE cuenta con los protocolos que permitirán el derecho al voto en las condiciones actuales de la pandemia y desde luego ante el hecho de que el derecho a la salid no debe implicar la suspensión de los derechos políticos de los ciudadanos.
Habrá quienes consideran que al INE y los Institutos Electorales, como el de Tamaulipas que tiene a su cargo el
Magistrado Juan José Ramos Charré, están urgidos por hacer política y estar al frente de los procesos de
votaciones, pero, la realidad es que, las votaciones para cambiar a los Alcaldes y Diputados, está en la Constitución y en las Constituciones Locales, por tanto deben de accionar para que los preceptos constitucionales se cumplan porque es su función.
Los otros
El Poder Judicial de la Federación determinó iniciar el procedimiento de ratificación en los cargos a 11 Jueces
Federales, entre ellos el polémico Ganther Alejandro Villar Ceballos, Juez de control del Centro de Justicia Penal
Federal con sede en el Reclusorio Sur, de quien se dijo liberó a acusados de delincuencia organizada en los últimos meses y que revisó la petición de la ex funcionaria del Gobierno Federal, Rosario Robles Garnica, para que el proceso le fuese seguido en reclusión domiciliaria y no en la cárcel preventiva como se encuentra.
Podrían ser ratificados si es que, la consulta pública de la acción que llevará a cabo el Poder judicial no tiene
observaciones ciudadanas, la Jueza Ana Luisa Beltrán González del Distrito del Centro de Justicia Penal Federal,
con sede en Cuernavaca, su compañera Abril Verónica Mora Madrid, Jueza de Distrito Especializada en el Sistema
de Justicia Penal Acusatorio en el Estado de Oaxaca y José Fernando García Quiroz, titular del Juzgado Primero de Distrito Especializado en Ejecución de Penas en la Ciudad de México.
En esta acción no aparece ningún Juez Federal de Tamaulipas, pero sí, Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo
de Distrito en el Estado de Morelos, Milton Kevin Montes Cárdenas, Juez Tercero de Distrito en el Estado de
Aguascalientes y Karlos Alberto Soto García, Juez Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado
de Querétaro.
Además Amílcar Asael Estrada Sánchez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa, Eutimio Ordóñez
Gutiérrez, Juez Cuarto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Civiles Federales en el Estado de México,
Fernando Issac Ibarra Gómez, Juez Segundo de Distrito en el Estado de México y Gabriela Guadalupe Rodríguez
Escobar, Jueza de Distrito Especializada en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio en la Ciudad de México, con
sede en el Reclusorio Sur.
El responsable del Partido Verde Ecologista de México en la entidad, Ricardo Gaviño Cárdenas, cuida mucho
mantenerse en la línea de los objetivos para el 2021 y el 2022, las elecciones en las que podría reposicionarse y
tocar de nuevo la puerta a las autoridades electorales para que le dejen continuar en la política.
Por lo pronto su prueba de fuego, que también es el compromiso con los dirigentes nacionales de la organización es presentar candidatos propios e ir solo en las elecciones del 2021 y sin coalición alguna, decisión que se tomó porque creen que su partido sí la puede hacer, porque tienen confianza en la gente.
Carlos Puente Salas, del comité nacional del Verde Ecologista señaló que trabajar con compromiso y la unión que
ha caracterizado a esa institución, además, el hombre está cierto de que la confianza de los ciudadanos a las
estrategias, podría significar triunfos en Ayuntamientos de todo el país, en las elecciones del año que viene.
Gaviño Cárdenas tiene que redoblar su trabajo, porque si bien dedica tiempo a fortalecer la estructura de su partido, también tiene que buscar candidatos que le representen votos para librar el mínimo del tres por ciento que establece la Ley Electoral y con ello asegurar su presencia en una Diputación plurinominal o bien la de compañeros suyos en las regidurías plurinominales de varios Ayuntamientos del estado, aunque el dirigente nacional, Carlos Puente Salas, cree que sí pueden ganar alcaldías en Tamaulipas.
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