Mi no entender…

Abro este espacio con la novedad de que a partir de este martes y hasta el 31 de
agosto, 22 municipios del estado avanzan a la Fase 2 de la contingencia. Es la
percepción de las autoridades de Salud.

Además se autorizó la reapertura de las playas La Pesca y Carboneras, ubicadas
en los municipios de Soto La Marina y San Fernando, por lo que muchos aficionados a
la playa y la pesca, hacen preparativos para este fin de semana.

Entrando en materia, como el título de hoy es la expresión general de un
estadounidense, gringo o norteamericano, cuando no termina de entender alguna
situación específica, es decir no se explica un hecho en territorio fuera de su país. Se
entiende la no comprensión y hasta confusión porque la cultura, las costumbres, la
idiosincrasia es diferente.

Sin embargo hay cosas que los mexicanos tampoco entendemos de nuestro propio
país, porque una cosa es la percepción personal y otra muy diferente es cuando un
ordenamiento legal es claro, específico para ordenar una conducta pública.

Independientemente del color partidista de la pluma o del lector, la Ley es general
porque se formula para todos, es específica en algunos casos porque el mismo
ordenamiento así lo estipula, como en el caso de los jóvenes varones que al cumplir 18
años de edad, tienen que cumplir con el Servicio Militar Obligatorio. Sin embargo la
generalidad es para todo el que esté en el país.

Lo anterior llama la atención porque la conducta pública de todos los mexicanos
incluyendo la del presidente de la República, quien se supone hombre probo y
respetuoso del marco legal de la nación, anuncia sistemáticamente, desde que fue
presidente electo, que para juzgar a un expresidente de México, la voz de los nacionales
se haría escuchar en una consulta pública “…el pueblo es quién determinará si juzga a
uno o varios presidentes… el pueblo tiene la palabra…”

Lo malo es que ni los asesores jurídicos de la presidencia, ni los jueces o ministros
con licencia por ocupar un cargo público, han sido capaces de recordar al presidente
López que desde el ángulo jurídico, quien no cumple con su deber ciudadano al
denunciar a quién delinque, se convierte en su cómplice.

Si el Fiscal General de la Nación, el presidente de la República o un ciudadano
común tiene elementos de prueba para acusar, legalmente, a un exfuncionario público o
empleado del gobierno, entonces debe proceder a interponer una demanda ante las
autoridades investigadoras.

En el caso concreto de Emilio Lozoya, debe haber elementos acusatorios de peso
para meterlo directo a la cárcel, pero irregularmente está ‘libre’ con la ¿legal? estrategia
del ‘testigo protegido’ tipo gringos.

Desde la noche del lunes, en redes sociales circula un video done aparecen dos
sujetos, uno entregando y otro recibiendo paquetes de dinero y la escena fue más
‘limpia’ que cuando el ‘Señor de las Ligas’ -René Bejarano-.

Solo detalles. Se supone que el video en cuestión pertenece a la Fiscalía General,
infiriendo fue Emilio ‘N’ quien lo entregó a esas autoridades, para lavar sus culpas. De
los involucrados uno es quién fuera secretario particular del panista Gobernador de
Querétaro, Francisco Domínguez Servién, a quien acusan de soborno en otros tiempos,
pero con el despido inmediato, Domínguez se desliga.

Este hecho nos recuerda aquella mañana del 3 de marzo del 2004, cuando en su
programa matutino de televisión, el comunicador Víctor Trujillo en su caracterización
de Brozo El Payaso Tenebroso, exhibió al aire un video donde el profesor René
Bejarano -secretario particular de AMLO- recibía medio millón de dólares del
empresario argentino Carlos Ahumada, presumiblemente como soborno para verse
favorecido con obras de la CDMX.

La realidad es que nada pasó, detuvieron y encarcelaron por unas horas al profesor
Bejarano, pero es destacable el sepulcral silencio del destino de esos dólares y las
represalias usted las conoce.

Decía mi santa abuela paterna, con el tiempo y un ganchito… Rosario Robles,
supuesta amante de Ahumada, en la cárcel como sospechosa del fraude por omisión.
Para el argentino Carlos Ahumada, el gobierno mexicano obsequió una Ficha Roja de la
Interpol que lo localizó en su natal Argentina, pero en el juicio de extradición, los
sudamericanos consideraron insuficientes los argumentos para enviar al empresario a
México.

Volviendo a la consulta popular para enjuiciar a los presidentes, ¿es legal? Me
parece que no, aunque reconozco que después de todo un juicio, el presidente del país
tiene la facultad de otorgar el perdón, pero hasta cuando se le encuentre culpable de los
delitos que se le imputen.

Desde antes de entrar en funciones el gobierno de la 4T, Octubre para ser
concretos, se hizo la primera consulta ciudadana y desde luego que ‘ganó’ la voz
presidencial, pese a todos los problemas que ha significado construir el Aeropuerto
Felipe Ángeles en Santa Lucía. También la consulta por la cervecera al norte del país; la
de la Planta en Morelos, la del Tren Maya, etc.; las de los trenes rápidos de la México
Querétaro y la de México Toluca; con resultados presidenciales que usted conoce.

Son válidos sus resultados. Son otros tiempos y entendemos que las consultas
populares validan la opinión presidencial.

¿Qué fue lo que dijo el gringo?… ¡Mí no entender…!