Matamoros, Tamaulipas (1 de julio de 2020).- La activista Susana Prieto será puesta en libertad pero deberá cumplir con una serie de condiciones impuestas por un juez de Control.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJET) informó que este miércoles un agente del Ministerio Público participó en la Audiencia de Suspensión Condicional del Proceso, solicitada por parte de la defensa de Susana Prieto, respecto a la imputación de los delitos cometidos contra servidores públicos, motín, amenazas y coacción de particulares.
Durante la audiencia el representante social de las víctimas realizó al juez de Control un plan de reparación del daño y el cumplimiento de ciertas condiciones por parte de la imputada.
Por su parte, la defensa de la imputadade igual forma expuso su ofrecimiento a la autoridad judicial sobre el pago de la reparación de daño y condiciones a cumplir por parte de su representada.
Una vez analizados los elementos, el juez de Control emitió su resolución para dar solución alterna al proceso, imponiendo las siguientes condiciones:
- Residir en el domicilio señalado por la propia imputada en el Estado de Chihuahua.
- Abstenerse de tener contacto con los ofendidos y sus domicilios.
- Dejar de frecuentar la Junta Especial Nº 6 de la Local de Conciliación y Arbitraje en Matamoros.
- Acudir ante el Tribunal cuando se le solicite asistir a las audiencias de control, debiendo informar previamente su itinerario.
- Abstenerse de viajar al extranjero.
- Cubrir la reparación del daño, consistente en 66 mil pesos a favor de las cinco víctimas.
Cabe señalar que el cumplimiento de estas condiciones tendrá una duración de 30 meses, las cuales fueron aceptadas por Susana Prieto y su defensa.
En Matamoros, Prieto Terrazas encabezó un movimiento en el que trabajadores exigieron aumentos y bonos.
La activista ha sido señalada de recibir parte de las liquidaciones o bonos que reciben los empleados que participan en las huelgas.
De acuerdo con las autoridades, la detención de Prieto se realizó por una queja laboral presentada en Matamoros ante la junta laboral por una protesta de 400 trabajadores frente a una empresa ocurrida en marzo pasado.
La Fiscalía de Tamaulipas aseguró que la empresa acusó al grupo de ser violento y de amenazar a empleados de Gobierno.
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