El dirigente estatal de Movimiento Ciudadano (MC), Gustavo Cárdenas Gutiérrez por fin dejó el ostracismo para anunciar que se presentará una “demanda colectiva en contra de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que dirige Manuel Bartlett Díaz, quien sin ninguna consideración ordenó la suspensión del servicio a poco más de 543 mil usuarios que no pudieron pagar sus recibos con los nuevos aumentos en la zona metropolitana de la Ciudad de México.
El corte de la energía eléctrica también se realizó en otras entidades federativas, entre las que se encuentra Tamaulipas, pero no en la magnitud que se hizo en la zona metropolitana de la Ciudad de México.
En Tamaulipas, poco más de 12 mil jefes de familia no pudieron pagar el recibo de la energía eléctrica, por lo que la CFE les suspendió el servicio.
Bartlett Díaz advirtió que no habría ninguna consideración para nadie, pero nuevamente volvió a mentir porque habitantes de Tabasco no pagan el recibo de la energía eléctrica, ni siquiera después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador les condono el adeudo por más de 25 años que tenían con la CFE.
Incluso, recientemente el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca le pidió a López Obrador que le otorgara a Tamaulipas la tarifa 1F, la más baja que tiene la CFE, como lo hizo con Tabasco en noviembre del año pasado.
Cárdenas Gutiérrez denunció que la CFE elevó sus tarifas en una 300% más, por lo que los recibos de la energía eléctrica vienen sumamente abultados, incluso dijo tener pruebas de los abusos que comete la empresa disque de calidad mundial en contra de la sociedad tamaulipeca.
El también exalcalde de Victoria señaló que es un crimen la suspensión de la energía eléctrica durante la crisis sanitaria por el coronavirus, ya que la mayoría de las familias tamaulipecas se encuentran en sus casas debido a la cuarentena que se implantó desde marzo para evitar el contagio entre la población.
A propósito, el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, sostuvo ayer por la tarde una reunión virtual con los gobernadores para coordinar la operación del llamado “Semáforo del Coronavirus” en sus respectivas entidades federativas, a fin de determinar cada una de las fases para volver a la “Nueva Normalidad” a partir del próximo lunes 1° de junio.
La información de la reunión virtual se la comentaré en la próxima colaboración por la hora de entrega de la presente colaboración, pero le puedo adelantar que en Tamaulipas se prolongará la cuarentena hasta el próximo 15 de junio, sin embargo hay actividades prioritarias, como es el caso de varias maquiladoras en Nuevo Laredo, Reynosa, Río Bravo y Matamoros, que reanudarán sus jornadas laborales desde el próximo lunes 1° de junio, según indique el gobernador García Cabeza de Vaca.
De igual forma, se reanudarán las actividades en los puertos de Altamira y Tampico, además de otras industrias petroquímicas que forman parte de las cadenas productivas que han sido catalogadas como esenciales.
De regreso con la “demanda colectiva” en contra de la CFE, no hay duda que el movimiento propuesto por Cárdenas Gutiérrez tendrá el respaldo de la sociedad tamaulipeca, que se encuentra indignada por el abuso de aumentar el servicio eléctrico en plena pandemia del coronavirus.
Otros dirigentes estatales de partidos políticos habían criticado el abuso de la CFE, como es el caso de Edgardo Melhem Salinas, presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI, pero no se pronunciaron por organizar una “demanda colectiva” en contra de la CFE.
En otro tema, resulta interesante que la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Margarita Ríos Farjat, haya votado en contra de la disposición gubernamental de reducir los salarios de funcionarios de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) para que no ganen más que el presidente López Obrador.
La decisión de la magistrada Ríos Farjat demostró que actúo en forma independiente y conforme a derecho, sobre todo porque ella fue nominada por el político tabasqueño para sustituir a Eduardo Medina-Mora Icaza, quien había renunciado al cargo por el escándalo político que se generó luego de que el gobierno del Reino Unido denunció que había detectado transferencias millonarias a las cuentas bancarias del ahora exministro de la SCJN.
De esta manera, la decisión de proteger a los funcionarios del Cofece, abre la posibilidad de que otros empleados federales sean beneficiados para conservar sus ingresos económicos y no ganar menos que el presidente López Obrador.
Por último, el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM), que preside Juan José Ramos Charre, decidió desechar la denuncia que presentó el PAN en contra de Morena por difamación, puesto que la acusación se hizo fuera de un proceso electoral, por lo que no viola ningún precepto legal en materia electoral de nuestra entidad.
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