Requieren mayoría para modificar bonos

Para modificar las condiciones de los bonos del NAIM será necesario contar con el consentimiento de la mayoría simple de los tenedores.
Requieren mayoría para modificar bonos

La operación de recompra termina a principios de enero y hasta esa fecha podrá saberse si resultó la estrategia, refirió Moody's.


CDMX.- Para modificar las condiciones de los bonos del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) será necesario contar con el consentimiento de la mayoría simple de los tenedores, es decir, 50 por ciento más uno, de acuerdo con Moody's.

Con el plan de recompra de bonos de mil 800 millones de dólares se modificaría en automático una tercera parte de los contratos y faltaría convencer a otro 20 por ciento, expuso Adrián Garza, analista de infraestructura de Moody's.

"Pensamos que es probable que tengan éxito, pero queremos monitorear", agregó.

Aunque recordó que la operación de recompra termina a principios de enero y hasta esa fecha podrá saberse si resultó la estrategia de recompra y modificación de contratos.

Dijo que la medida tiene dos objetivos claros: reducir la deuda y eliminar de los contratos de los instrumentos cualquier tema vinculado con el Nuevo Aeropuerto que está por cancelarse.

"El espíritu de la transacción es reducir el endeudamiento de la estructura actual y quitar todo el lenguaje y cláusulas que tengan que ver con el Nuevo Aeropuerto en Texcoco. Digamos, dejar la transacción limpia, en donde los bonistas que se quedan enfrentan el riesgo de la TUA (Tarifa de Uso Aeroportuario) del aeropuerto actual, con la capacidad del aeropuerto actual", dijo en conferencia.

Para "limpiar" los contratos es necesario el consentimiento de la mayoría simple de los tenedores, es decir, el 50 por ciento más uno de cada una de las cuatro series emitidas. En total, la emisión tiene un valor de 6 mil millones de dólares y se compone de tres series de mil millones dólares cada una y una de 3 mil millones.

Agregó que para esta operación de recompra es muy probable que se usen los recursos del Fideicomiso que no se han empleado para la construcción, los cuales actualmente ascienden a cerca de 5 mil millones de dólares, y el resto podría emplearse para pagos a contratistas y constructores.

Sin embargo, no se descarta que la recompra pudiera tener cargo al Presupuesto de Egresos, que se dará a conocer en las próximas semanas.

Con la reducción de la deuda, lo que se planea es compensar de alguna forma a los tenedores que decidan mantener sus posiciones, ya que el Fideicomiso enfrentaría una situación de menor apalancamiento y, por lo tanto, mejores métricas crediticias.

Un riesgo para los tenedores que decidan mantener sus posiciones en bonos del Nuevo Aeropuerto pudiera ser el menor avance de la TUA del actual aeropuerto, que es la principal fuente pago.

Sobre la posible redirección de los recursos para construir otro proyecto, como podría ser el aeropuerto de Santa Lucía o bien modificaciones al actual aeropuerto, Garza señaló que si bien los documentos modificados lo permitirían, no se prevé que esto ocurra y proyectos adicionales buscarían otras fuentes de financiamiento.

Si bien el cambio de los términos en emisiones de deuda no es un procedimiento inusual, y se aplica para un manejo de pasivos, en el caso de los bonos del aeropuerto se trata de un evento poco común, ya que se deriva del cambio en política pública.

"Las circunstancias de esta transacción como se está dando son bastante particulares porque tienen que ver con un cambio de visión de gobierno", señaló.

De acuerdo con el analista, aún es pronto para calificar los cambios en política pública como favorables o no, pero ya han afectado la percepción de fortaleza institucional en el corto plazo.

Agregó que buena parte de la base de tenedores de estos bonos son también tenedores de bonos de Pemex, CFE y del Gobierno de México, situación por la que ha resultado prioritario resolver el tema del aeropuerto antes de anunciar una medida que tenga como consecuencia un incumplimiento técnico.

El mensaje, afirmó, es que no se hará una cancelación de la concesión hasta que el evento de incumplimiento que esto pudiera detonar se elimine de los contratos, sin embargo esto no implica que no se haga, al final la decisión de la cancelación es del Gobierno.

"Hasta hoy el Gobierno no ha tomado ninguna acción de legal que pudiera hacer que los tenedores de los bonos detonen un evento de incumplimiento técnico, que esa era la principal preocupación", dijo.