Avalan Red Compartida; niegan amparos

Jueza avaló la licitación para la Red Compartida de Telecomunicaciones al negar 2 amparos a Rivada Networks, que había impugnado el proceso.
Avalan Red Compartida;  niegan amparos

Rivada también inició una demanda civil con la que busca anular el contrato firmado con Altán.


CDMX.- Una jueza federal avaló la licitación para la Red Compartida de Telecomunicaciones (RCT), el proyecto más importante del sexenio en esa materia.

Silvia Cerón Fernández, Jueza Segunda Especializada en Telecomunicaciones, negó el pasado viernes dos amparos a la empresa Rivada Networks, que perdió en 2016 el concurso de Asociación Público Privada (APP) ganado por Altán Redes.

La Jueza consideró que fue legal la descalificación de Rivada, determinada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) porque presentó fuera de tiempo la garantía de seriedad exigida para seguir participando en el concurso.

"Lo objetivamente cierto es que aquella (Rivada) incurrió en un incumplimiento a una obligación formal prescrita en las bases, al no haber observado que la garantía tenía que ser presentada dentro de la oferta técnica, siendo esta actuación la que acarrea la imposición de una sanción determinada, en este caso, la declaración de no solvencia de la oferta técnica, y por ende, su descalificación", afirmó la Jueza.

"Es legal que el hecho de que la garantía de seriedad fuera exhibida extemporáneamente ante la convocante, a través del escrito de 31 de octubre de 2016, trajera consigo la declaratoria de no solvencia de su oferta técnica, porque dicha actuación constituyó el incumplimiento a una obligación formal contenida en las bases del concurso", agregó.

Rivada sostenía que las bases del concurso eran ilegales porque sólo hubo tres días entre la emisión de una opinión del Instituto Federal de Telecomunicaciones sobre competencia económica, y la fecha de presentación de ofertas.

Pero Cerón replicó que cualquier integrante del consorcio podía haber obtenido la garantía de seriedad desde que se publicaron las bases, sin necesidad de esperar a que el IFT opinara sobre cuáles empresas podían integrarlo.

La Jueza solo concedió el amparo a Rivada para el efecto de que SCT le conteste un escrito que presentó el 21 de diciembre de 2016, en el que pidió descalificar a Altán por haber tenido acceso a información privilegiada, lo que prohibe la Ley de APP.

De ser confirmada la sentencia de Cerón por un tribunal colegiado de circuito, SCT tendrá que dar respuesta a este escrito, pero en el sentido que considere correcto, no necesariamente dándole la razón a Rivada.

Desde que perdió la licitación, Rivada litigó intensamente contra la SCT y la acusó de amañar el concurso en favor de Altán, lo que la dependencia considera una calumnia.

Además de estos amparos, Rivada inició una demanda civil con la que busca anular el contrato firmado con Altán, con el argumento de que ésta recibió fondos del Gobierno de China.

Si bien un juez civil admitió a trámite esta demanda en julio de 2017, el pasado 20 de abril un tribunal colegiado resolvió que el caso también lo debe llevar un Juzgado Especializado en Telecomunicaciones.

La Constitución es la que ordena, desde 2013, la instalación de la Red Compartida de Telecomunicaciones, proyecto por el que Altán invertirá más de 7 mil millones de dólares para llevar conectividad de banda ancha a todo el País, que será vendida al público por operadores móviles.