Que nadie se quede atrás
Por: Gerardo Flores Sánchez | 2017-12-05 04:22:39

El pasado 3 de diciembre se festejó el Día Internacional de la Discapacidad. Esto fue motivo para que en Tamaulipas, diversas dependencias del gobierno del estado y asociaciones civiles, realizaran eventos conmemorativos buscando avanzar en el largo camino que la sociedad tiene por delante, para ser efectivamente igualitaria respecto a este grupo vulnerable de tamaulipecos.

En los mensajes alusivos, como cada año se dieron cifras sobre la magnitud del problema y se hicieron exhortaciones a la sensibilización y a la adopción de medidas de prevención, rehabilitación y a la realización de ajustes necesarios, para eliminar las barreras que impiden a las personas con discapacidad, tener la oportunidad de una vida digna, es decir en la que efectivamente puedan construir sus proyectos, personales, familiares, profesionales y sociales.

Aunque podría parecer que fueron los mismos discursos y buenas intenciones de siempre, es necesario señalar que hoy existen importantes razones para afirmar que hay una gran diferencia con  respecto los años anteriores a 2007 a nivel mundial y de 2016 en Tamaulipas.

El 30 de marzo de 2007, ocurrió un hecho que se constituyó en el parteaguas histórico de este tema: la ONU realizó la Convención Internacional sobre los Derechos de Personas con Discapacidad, logrando que 175 de sus 192 Estados Miembros, la firmaran y ratificaran, entrado en vigor a partir del 8 de mayo de 2008. México la ratificó el 17 de diciembre de 2007.

La Convención Internacional y su Protocolo Facultativo, fueron el primer instrumento amplio de derechos humanos del siglo XXI, modificando radicalmente el Derecho internacional, para que las personas con discapacidad,  fueran protegidas por las Cortes Internacionales y por la legislación de sus países.

Los países firmantes quedaron obligados a proteger y garantizar el pleno disfrute de los derechos humanos y la dignidad inherente de las personas con discapacidad, de manera que gocen de plena igualdad ante la ley.

La convención no sólo cambió radicalmente el marco jurídico internacional de los derechos de las personas con discapacidad, sino que también al adoptar el modelo social estableció un nuevo paradigma de cómo  concebir  a la discapacidad, a las apersona con discapacidad y a los roles del Estado y de la sociedad ante esta condición humana. 

De acuerdo a esto, aunque la discapacidad tiene un componente biológico que determina las limitaciones físicas, se debe considerar que la dificultad o imposibilidad de una persona con discapacidad para participar plena y efectivamente  en la sociedad en condiciones de igualdad, es resultado de la falta de apoyos o imposición de barreras que ponga la sociedad. 

Por otra parte la discapacidad se deja de definir como una enfermedad. Se trata entonces de una condición que es parte de la diversidad humana. Las políticas públicas no buscan ya de segregar o “integrar” a la sociedad a las personas con discapacidad, sino incluirlos en igualdad en condiciones de igualdad (inclusión educativa, laboral, política, cultural, entre otras). Los derechos para estas personas, no son una dádiva de la generosidad de las personas sin discapacidad o del Estado, sino garantías respaldadas jurídicamente y por lo tanto obligatorias. El Estado se compromete a establecer leyes, políticas, instituciones, programas y asigna presupuestos para estos fines.

En México a partir del 2011, con la reforma constitucional del artículo 4º para establecer la vigencia de los tratados internaciones en materia de Derechos Humanos, se dio un paso trascendente para convertir en acciones concretas el nuevo marco jurídico internacional.

A partir de entonces la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo un cambio radical para asumirse en salvaguardia de los derechos humanos en México, inaugurando bajo su perspectiva la décima época judicial, el 6 de enero de 2012.

En el año 2013, siguiendo lo establecido por la Convención y su tratado, entró en vigencia la Ley General para la Inclusión de Personas con discapacidad. 

Actualmente todos los órganos del Estado como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, las Comisiones Estatales de Derechos Humanos, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, entre otros, se encuentran alineados al nuevo marco jurídico.

Por otra parte en Tamaulipas, el 26 de septiembre de 2016, se expidió la Ley de los Derechos de las Personas con Discapacidad del Estado de Tamaulipas (LDPDET) que incorporó en su articulado el contenido de los tratados internacionales del 2008, haciéndola uno de los instrumentos jurídicos más avanzados en el México sobre esta materia.

El gobierno de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, asumió en el Plan de Desarrollo el compromiso de garantizar los derechos de las personas con discapacidad y darle vigencia efectiva a la legislación establecida. Es así que en enero de este 2017, se aprobó el Reglamento de la Ley  (LDPDET). Un mes antes el 21 de diciembre de 2016 y meses se instaló el Sistema Intersectorial de Protección y Gestión Integral de Derechos de las Personas con Discapacidad (SIPRODDIS), el cual actualmente se encuentra realizando una intensa actividad para construir con todas la secretarías del gobierno del estado y de la sociedad civil la estructura que trabajará detalladamente en cada uno de los puntos que establece la Ley Estatal de Discapacidad y el Plan Estatal de Desarrollo.

Como se ve, si hay un nuevo panorama para que los derechos de las personas con discapacidad, sean una realidad en Tamaulipas y no solo parte de bellos discursos y buenas intenciones. Algo que sin complacencias, es realmente digno de celebrar este fin de año.