Llegan recursos para seguridad pública



El Diario Oficial de la Federación de este lunes publica el convenio de adhesión para el otorgamiento del subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública, para 10 municipios de Tamaulipas, por un monto de poco más de 171 millones 108 mil pesos, de los cuales, la mayor parte corresponden a Reynosa, que es gobernado por Maki Ortiz Domínguez y que considera casi 36 millones y medio de pesos.

Los otros nueve municipios son Victoria, con casi 16 millones de pesos, Matamoros con poco más de 28 y medio millones, Nuevo Laredo, con arriba de 22 millones, Tampico con más de 13 millones y medio, Altamira y Madero con más de 12 millones, así como Valle Hermoso, Río Bravo y Mante con arriba de 10 millones cada uno.

De acuerdo al tipo de convenio que tienen con la Federación, en la segunda cláusula se expresa que, a efecto de complementar los recursos necesarios para la realización del objeto del convenio, la entidad y los municipios se obligan a aportar de sus recursos presupuestales el 20 por ciento del total de los recursos federales.

En base a lo anterior, el Estado a través de la Secretaría de Finanzas, tiene que aportar más de seis millones para Reynosa, más de cinco para Matamoros, casi cuatro para Nuevo Laredo, casi tres para Victoria, más de dos para Tampico, Altamira y Madero, así como, casi dos para Valle Hermoso, Mante y Río Bravo.

Por su lado, los alcaldes tienen que poner más de un millón 100 mil, la señora Ortiz Domínguez, casi medio millón el contador Oscar Almaraz Smer, casi 600 mil pesos don Jesús de la Garza Díaz del Guante, casi 450 mil pesos Enrique Rivas Cuéllar y de esa forma, cada uno de los 10 alcaldes tiene que establecer poner lo convenido, porque de otra manera, no podrán ejercer los recursos enviados por la federación.

Como se trata de recursos federales, procedentes del Fondo, todo lo que hagan o compren será auditable, incluido los recursos que se generen en las cuentas bancarias productivas en las que se depositen los recursos del FORTASEG, incluidos informes mensuales y trimestrales sobre el ejercicio total de los recursos.

La inversión total del fondo será enviada en dos ministraciones de acuerdo al convenio publicado este lunes en el Diario Oficial de la Federación, la primera de ellas será por casi 120 millones de pesos y la otra será por el complemento de los más de 171 millones que conforman el acuerdo tomado entre la Federación, el Estado y los Municipios de Tamaulipas, con el fin de apoyar las estrategias y acciones de los programas de seguridad pública vigentes.

Junto con el Convenio de Tamaulipas en esta materia, aparecen los de entidades como Baja California, Chiapas, Chihuahua y Estado de México, que en conjunto amparan casi mil millones de pesos.

 

Los otros.

Desde la semana pasada los legisladores federales estudian y determinarán que cualquier persona a su fallecimiento será considerada como donador de órganos, tejidos y células, a menos que haya dejado por escrito su voluntad en sentido contrario.

Se trata de un dictamen que llegó a la Cámara de Diputados procedente de la de Senadores, en donde, hace un año fue aprobada la modificación a nueve Artículos de la Ley General de Salud y la derogación de otros dos, para que, las personas que fallecen en el país encajen en el criterio de consentimiento presunto, para que la donación de órganos se convierta en una acción automática.

Ahora bien, porque esto, demasiado sencillo, miles de personas requieren un órgano para mantenerse con vida, incluso, en el caso de los riñones, hay una larga lista de espera en todas las entidades del país y como práctica quirúrgica es una de las menos complicadas, así que, cuando las modificaciones entren en vigor, será más sencillo que haya riñones para atender la necesidad de ellos en una buena parte de los pacientes complicados por enfermedades renales.

En Tamaulipas, la Secretaría de Salud lleva a cabo una serie de acciones para la concientización de la población a efecto de incrementar la donación de órganos, pero queda claro que, con la modificación a la Ley General de Salud en esta materia, quizá ya no será necesario.

Este lunes venció el plazo para que los ciudadanos que tramitaron su credencial para votar con fotografía a principios año, fuesen por ella a los módulos del Registro Federal de Electores, en los que, a partir de hoy quedan bajo custodia, en el entendido de que serán guardadas en la bóveda de un Banco para que nadie pueda tener acceso a ellas y pueda hacer mal uso, porque el primero de julio venidero, serán las elecciones más grandes de la historia del país, dado que, hay cambios en el Gobierno de la República, de diputados locales y de alcaldes en casi todas las entidades del país.

El responsable de la credencialización y actualización del padrón electoral en la entidad, Jesús Arredondo Cortés, se aplicó a fondo con la idea de que los ciudadanos que deberían de pasar por sus credenciales, lo hicieran en una gran proporción, el asunto es que se quedarán unas nueve mil credenciales inhabilitadas para usarse en las elecciones, porque quienes las tramitaron no fueron por ellas, según el último dato que fue dado a conocer por el responsable del RFE en la entidad.

El plazo vencía hasta las doce de la noche, sin embargo, para las primeras horas de la noche, no se observaron colas en los módulos del INE para que los ciudadanos fuesen por sus documentos. Se esperaba que pudieran quedar en la entidad unas ocho mil al cierre de las acciones en las oficinas.

Queda perfectamente claro que los partidos políticos tienen responsabilidad en eso de que los ciudadanos no vayan por sus credenciales, en virtud de ser ellos los principales promotores de que las personas tengan en sus manos el documento que les permite el paso a las casillas de votación en el llamado día D.

Otra cosa que vence dentro de seis semanas es el registro de los observadores electorales, porque son muy pocos los que han presentado solicitud a nivel nacional y eso que, a diferencia de las elecciones ciudadanizadas de 1994 eran menos amplias que las de este año, ya que, hubo la presencia de observadores extranjeros de casi 40 países y para el año dos mil vinieron de 58, en 2006 de 60 y en 2012 de 66 naciones.

De los mexicanos que fueron observadores electorales, casi 32 mil 500 lo hicieron en el año dos mil, para 2006 la cantidad bajó a 25 mil y feria y para el 2012 se logró el nivel de los 32 mil o mejor dicho, casi 33 mil, pero en estas que son las más grandes elecciones del país, apenas van 980 solicitudes a nivel nacional, pero se espera que para antes del 31 de mayo en que vence el plazo para el registro de ese tipo de actores en el proceso eleccionario, el número crezca.