La Justicia Administrativa en el Combate a la Corrupción: Uriza
Por: Alejandro de Anda | 2017-12-05 04:19:43

APUNTES. El poder centrado en una persona, fue puesta a prueba con el ejercicio de la monarquía y dio como resultado el establecimiento de otros sistemas de gobierno. 

La separación de poderes no fue bastante y suficiente (depositando en el legislativo, ejecutivo y judicial su mandato) para considerar que por sí mismos serían imparciales y medidos.

Así nace el derecho administrativo. Como un ‘antídoto’ que pusiera límites al poder llevado a efecto por las instancias.

Que las competencias de la administración pública, no sobrepasaran las fronteras que el interés público le impone a satisfacer. 

A pesar de que en México, su nacimiento tuvo como causa primera la justicia fiscal bajo la tutela del presidente Cárdenas en los años 30’s, la trasformación de la figura de esta rama del derecho en la actualidad da como resultado un intrínseco vínculo con el más grande obstáculo por el que el país frena su crecimiento exponencial. El fenómeno de la corrupción.

Los antecedentes orgánicos, marcaban a jurisdicciones acotadas en Tamaulipas como un Tribunal Fiscal, en Jalisco como un Tribunal de lo Administrativo; Hidalgo con un Tribunal de lo Administrativo y Fiscal y algunos otros estados con tribunales de lo contencioso administrativo.

La hegemonía política existente hasta hace pocos años, imponía la pauta para emitir sanciones –por demás- suaves a quienes actuaban en perjuicio de la administración del erario y de la función pública. 

EL INVITADO. De reciente creación, el Tribunal Judicial Administrativo es encabezado por el magistrado presidente Lic. Edgar Uriza Alanís, quien conversa con la Mesa de Diálogos en Claroscuro sobre los alcances y competencias de este organismo y su funcionalidad en beneficio de los tamaulipecos.

LOS ANTECEDENTES. Comenta el invitado “Para hablar de la creación del Tribunal de Justicia Administrativa TJA, es imperativo referirnos al establecimiento de las bases para consolidar el Sistema Anticorrupción en Tamaulipas, del cual el propio tribunal es parte fundamental. 

En mayo de 2015 se reforma la Constitución Mexicana para inscribir los articulados del nuevo sistema nacional anticorrupción. 

Derivado de un reclamo y del hartazgo de la sociedad por las malas prácticas. Pues los hechos abonaban a corroborar que no hubiera consecuencias o sanciones a los malos funcionarios.

Desprendido de esa reforma se les solicitó a las entidades federales que hicieran sus reformas a las Constituciones Locales y cimentaran su sistema local anticorrupción.

En los términos dispuestos para que se llevara a cabo, no lo hizo ningún estado. ‘Como malos mexicanos’, dejamos para el último momento y no se logró operar en tiempo y forma.

En junio de 2016 tras la nula respuesta de los estados, se propone desde el nivel central las modificaciones al código penal; a las leyes orgánicas –como la de responsabilidades administrativas- y con la batuta centralista se impone (aún con el cuidado de la autonomía de los estados) la puesta en operación del sistema anticorrupción para los estados.

Similar a la modernización del sistema penal acusatorio, cuya propuesta inicial empieza en 2008 y apenas ve su implementación a casi diez años de instrucción en juicios orales.

En Tamaulipas se propone las adecuaciones sobre el SEA en abril de 2017 y se reforma la Constitución Local. 

En junio de 2017 se emiten las leyes que dan sustento al TJA”. 

LAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS. “Con la creación de una nueva ley de responsabilidades administrativas (que modifican las que regían a las responsabilidades de los servidores públicos).

Se impone la vigilancia en el actuar de los funcionarios de la administración pública estatal, que suma observaciones que echan abajo las inconsistencias anteriores, pues poco contribuían a evitar la impunidad en las faltas cometidas.

Por ende, las faltas graves que realicen en perjuicio de la ciudadanía serán competencia del TJA.

En el pasado estas atribuciones eran medidas y sancionadas por el órgano de control interno (contraloría) o en su caso por la auditoria superior del estado.

Con la laxitud o la discrecionalidad de imponer bajo su propio criterio, el tamaño de la sentencia impuesta por el delito ocurrido, sin mediar un parámetro de la gravedad del suceso y del daño patrimonial al estado.

Se destierra la sentencia antigua que indicaba ‘a los amigos, justicia y gracia y a los demás justicia a secas…’ la ley no observa distingos”. Señala. 

¿QUÉ ES GRAVE Y QUÉ NO LO ES? “Acorde a las necesidades de proponer una justica administrativa eficaz, se distinguen las faltas cometidas por servidores públicos en graves y no graves.

De esta manera, las causas no graves (como actos u omisiones de incumplimiento a las obligaciones) incluirían: el cumplir con las acciones, comisiones y atribuciones encomendadas; denunciar faltas administrativas que llegare a advertir; atender las instrucciones de sus superiores; presentar situación patrimonial y de intereses; custodiar y cuidar la información que tenga bajo su responsabilidad; rendir cuentas sobre el ejercicio de sus funciones; evitar daños a la Hacienda o el Patrimonio público. 

Son algunos de los procedimientos catalogados como no-graves.

Como graves: cohecho; peculado, desvío de recursos públicos, utilización indebida de información, abuso de funciones, actuación bajo conflicto de interés, contratación indebida, enriquecimiento oculto, tráfico de influencias, desacato, encubrimiento, obstrucción de la justicia”. Apunta el invitado.

PROCESO PENAL Y ADMINISTRATIVO “Referente al catálogo, se pudo establecer el mismo como la referencia directa a los delitos cometidos, que antes no existían y eran sancionados –como dijimos- de manera discrecional.

Además, el catálogo expuesto va muy de la mano de la clasificación de los delitos penales en que pueden incurrir los servidores públicos.

Es decir; un funcionario a quien se le señale un acto indebido, puede ser juzgado la acción penal y la administrativa al mismo tiempo. No se está juzgando dos veces por la misma causa. Son ámbitos distintos.

Como ejemplo, un desvío de recursos amerita una sanción penal y eso no obstaculiza para que la justicia administrativa sancione conforme a derecho lo que compete. 

Como la inhabilitación para ejercer un nuevo encargo (que se extiende hasta por 20 años, en comparación con los 5 que se dictaban anteriormente)”. Recalcó. 

LA REPARACIÓN DEL DAÑO. “No solo son acciones que castiguen al infractor. Quien hubiera sustraído recursos públicos, será obligado a la reparación del daño.

Esta reparación considera NO MENOS de dos tantos de la cantidad que hubiere perjudicado a la hacienda pública.

Si el infractor se le comprueba un desvío de 2 millones de pesos (p. ej.) deberá reintegrar 4 millones de pesos, independiente de la condena penal a que amerite”. Hizo hincapié.  

LA INHABILITACIÓN. PRESCRIPCIÓN DEL DELITO “El sistema anterior, consignaba de 2 y hasta 5 años de tiempo en el que un funcionario llevaba responsabilidad sobre algún hecho en particular. 

Hoy con las reformas aprobadas, amplía el plazo de vigencia hasta siete años desde su observación.

Lo que significa que trascenderá a un mandato sexenal gubernativo.

Estos son algunos de los reclamos sociales que señalaban como de obligado escrutinio de la función pública.

Ya son una realidad”. Abunda el magistrado presidente. 

EL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN Y refiere Uriza “El rango de La implementación del Sistema Estatal Anticorrupción, a donde confluyen todas las reformas enunciadas y que aglutina a los organismos encargados de la fiscalización y de la impartición de justicia, son la medicina que requería el sistema enfermo y anquilosado para combatir de una buena vez la dañina impunidad a los actos de corrupción”.

LAS EXPECTATIVAS DEL TJA. “Quisiéramos que mañana mismo cambiara (para bien) en la práctica, todos los vicios añejos que se observaban en la burocracia y que demeritan a las instituciones.

El paso fuerte y firme, se está dando. La voluntad del Jefe del Poder Ejecutivo y su empeño en hacer las cosas realmente cambien, dan como resultado una mayor concientización sobre el verdadero ejercicio público. En servir a la gente.

La gobernabilidad se sustenta en una práctica sin vicios y buscando ese bienestar que demanda la sociedad.

Así nace el Tribunal de Justicia Administrativa, integrado al sistema estatal anticorrupción”. Concluyó 

DEBATE. Muchas preguntas al magistrado presidente, donde resalta una consulta muy puntual “-En el caso de fincar responsabilidades donde participan alguien de la función pública, pero también un particular; ¿existe competencia y en su caso sanción al segundo?” Contesta con precisión “-Por supuesto. Es una de las particularidades que contempla esta administración de la justicia. Quienes se coluden –como empresas o particulares- y que se ven beneficiados por la acción de un funcionario en perjuicio del erario (obras, proveeduría, etc.) serán ambos sancionados como corresponda. Penal y/o administrativo. Y al caso de las empresas, corresponde también su inhabilitación para brindar su prestación de servicios a la entidad pública”. Hizo mención.

CONCLUSIÓN. La corrupción no es un ‘hecho cultural’. Porque no es cultura. Es el reflejo de la permisibilidad de la ley respecto de las acciones que cometen en contra de su encargo, quienes ejercen el gobierno. 

Y la más importante de las enfermedades es la impunidad. Abatir este flagelo es la suma de voluntades. Donde la autoridad compromete su actuar a una transparencia impecable y a sumar a la sociedad civil en este escrutinio público y constante.

Las adecuaciones en materia de justicia administrativa demuestran que el camino se orienta a la restitución de la confianza en el proceder de quienes nos gobiernan. Las acciones hablarán por ellos mismos.

SERMOCINATIO: “No son necesarias más leyes que persigan o cuiden el proceder de los que hacen gobierno. Es hacer valer las que nos rigen y que permee el mandato único de la ciudadanía. El mandato de cuidar escrupulosamente el erario y garantizar que el poder es para servir a la gente”. Lic. Edgar Uriza Alanís. Magistrado Presidente del TJA.

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