“La Cuarta Transformación ”



 

           Tal y como lo había anunciado durante el cierre de campaña en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, el virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador presentó ayer a los senadores y diputados federales electos de Morena una propuesta de 12 reformas con la que espera lograr la llamada “Cuarta Transformación”, es decir tener un auténtico Estado de Derecho en donde “nada al margen de la ley, ni nadie por encima de la ley”.

          López Obrador expresó el pasado 27 de junio en el también llamado Coloso de Santa Úrsula que: emprenderá una transformación pacífica y ordenada, pero no por ello menos profunda que la Independencia, la Reforma y la Revolución”, cambios sociales que marcaron la historia de nuestro país.

          La primera de las 12 reformas propuestas seguramente generará una serie de inquietudes entre servidores públicos de los tres poderes de la unión, ya que propone aplicar la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional para que ningún funcionario gane más que el presidente de la república.

          Por ejemplo, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ganan mucho más que el presidente de la república, incluso tienen mejores prestaciones y pensiones millonarias que son la envidia de la alta burocracia.

          También varios funcionarios de organismos autónomos, como es el caso de los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI), quienes luego de ser criticados por López Obrador por reservar datos acerca del escándalo de corrupción de la empresa brasileña Odebrecht, temen que les bajen sus jugosos sueldos.

          La segunda propuesta que López Obrador propuso a los legisladores electos de Morena, fue la creación de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), que estará en manos de Alfonso Durazo Montaño, quien señaló que en un plazo de tres años se verán los primeros resultados de la nueva estrategia en contra del crimen organizado en el país.

          La tercera propuesta busca reformar el artículo 108 de la constitución para que el presidente de la república en funciones pueda ser juzgado por delitos de violación a las libertades electorales, pero sobre todo por casos de corrupción que, según López Obrador, es el cáncer que ha dañado a la sociedad mexicana.

          También incluye la suspensión de todos los privilegios de los altos funcionarios de los tres poderes de la unión, como es el caso de viajes el extranjero, tan comunes entre los senadores y diputados federales que salen a otros países con todos los gastos pagados con el pretexto de intercambiar experiencias legislativas.

          La cuarta propuesta de reforma busca castigar con mayor severidad a quienes cometan el delito de robo de combustibles, mejor conocidos como “huachicoleros”, así como también a los que cometan fraudes electorales, incluso sin que tengan derecho a libertad bajo fianza.

          En la quinta propuesta, López Obrador les solicitó a los legisladores electos de Morena que se coordinaran con Carlos Urzúa Macías, propuesto para ocupar la titularidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a fin de elaborar el presupuesto de ingresos y egresos del 2019.

          A propósito, Urzúa Macías dijo recientemente que se implementará un esquema de compras consolidadas de toda la administración pública en la SHCP, cuya estrategia es similar a la que llevan a cabo el IMSS y el ISSSTE en la compra de medicamentos, vacunas y material de curación.

          El virtual titular de la SHCP afirmó que se obtendrán ahorros entre 225 mil a 500 mil millones de pesos, que se podrían utilizar en varios programas sociales propuestos por López Obrador, como es el caso de duplicar la pensión a las personas de la tercera edad, financiar el sueldo de 2.6 millones de jóvenes y otorgar una renta a personas discapacitadas.

          El resto de las propuestas son importantes, pero destacan la séptima y la octava que seguramente serán duramente cuestionadas, debido a que buscan revertir la supuesta privatización del agua y la reforma educativa, respectivamente.

La primera no se trata propiamente de una privatización del agua porque se busca aprovechar en forma óptima las reservas del vital líquido, en tanto que la segunda acabó con los privilegios que tenían los dirigentes de los sindicatos de maestros que vendían las plazas, cobraban por otorgar horas, entre otros vicios que provocaron el atraso educativo en el país.

          Por último, López Obrador propuso establecer la revocación de mandato e implementar la consulta ciudadana para fortalecer la democracia participativa en nuestro país.

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