Justicia para las mujeres
Por: Gerardo Flores Sánchez | 2018-03-02 03:33:32

Durante los últimos meses estamos siendo testigos de un poderoso movimiento mediático, social y jurídico en contra del acoso y la violencia sexual.  Específicamente se trata de una campaña de promoción y apoyo social de las denuncias por parte de mujeres que han sido víctimas de esos repudiables actos ahora tipificados como delitos en muchos países.

Como se sabe este movimiento surgió este año en EEUU, a raíz de la ola de denuncias en el 2017por trato discriminatorio, abuso y violencia sexual que padecieron mujeres que trabajan en el mundo del espectáculo. Destacó el caso del productor cinematográfico Harvey Weinstein que fue denunciado públicamente por varias actrices tan populares como GwynethPaltrow, Angelina Jolie. A partir de esta valiente acción y de la publicación de una amplia investigación del The New York Times sobre el caso, sobrevino una reacción en cadena de denuncias que destaparon una de las facetas más oscuras de la meca mundial del cine. 

Fueron más de 300  mujeres relacionadas a la industria cinematográfica de Hollywood, que como una estrategia pública, mediante la campaña #Me too, por los medios masivos y por las redes sociales, se decidieron a proclamar un ya basta ante el silencio y la impunidad de estos delitos, invita a las  mujeres usuarias de redes sociales a dar a conocer su experiencia como víctimas  de algún tipo de acoso o/y de abuso sexual. 

La campaña #Me too, se extendió como #YoTambién, a los países de habla hispana, como México.  Así fue como algunas mujeres dieron a conocer su historia en alguna red social o por entrevistas de medios como el de Aristegui. En ellos se han conocido casos tan polémicos como el de la actriz Karla Sousa, que en las reacciones de apoyo y repudio, muestran claramente la viva confrontación que existe en México entre los criterios, prejuicios, conciencia y prácticas tanto de mujeres y hombres que están avanzando en llevar a la vida social y cotidiana la perspectiva de género, como de mujeres y hombres que en sus actitudes y conductas siguen dominando los esquemas de la sociedad patriarcal.

Por otra parte, además de este movimiento social realizado por las redes y medios, surgió otra campaña paralela, en el plano jurídico llamadaTime's Up" (Ya es hora, en español), que como objetivos centrales se platea ayudar legalmente  a víctimas de acoso sexual y de la desigualdad en el trabajo, así como de promover leyes que combatan este tipo de delitos contra las mujeres. Para ello se está constituyendo en EEUU un fondo de defensa legal  que en enero ya había recaudado 13 millones de dólares.

Desde luego organismos internacionales como ONU-Mujeres y la Organización internacional del Trabajo (OIT), se han definido enfáticamente a través de declaraciones, acuerdos y tratados en contra de la violencia contra las mujeres, desde situaciones que pudieran ser tan banales como los chistes sexistas que denigran a las mujeres, las cuestiones de discriminación y desigualdad laboral, hasta los feminicidios.

Aunque muchos mexicanos (y mexicanas), consideran que ya están muy trillados los temas de la liberación de la mujer, de la igualdad y equidad de género, no hay duda que en un análisis objetivo en base los abundantes datos duros acumulados por numerosos estudios oficiales (INEGI, Instituto Nacional de la Mujer; INSP, Secretaria del Trabajo, SSA, etc.), de universidades, de asociaciones civiles y de la nota roja de los medios masivos y de las redes sociales, hay todavía mucho camino por recorrer y tareas qué realizar para llevar a una situación por lo menos aceptable el derecho de la mujer, sobre todo de algunos sectores vulnerables como las migrantes, las adultas mayores, las niñas, las trabajadoras domésticas, entre otras, a una vida sin violencia y de respeto a su dignidad como persona. 

Uno de los ámbitos más importantes de ese derecho es el del acceso a la justicia. Respecto a este rubro, el Estado mexicano es firmante (1980) de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra las Mujeres (CEDAW-1979), que lo compromete a eliminar las diferencias arbitrarias, injustas o desproporcionadas entre mujeres y hombres en razón de su sexo o género, tanto en el acceso a la justicia como en los procesos y las resoluciones judiciales.

En su artículo 2, inciso c), la CEDAW obliga a los tribunales nacionales a: “c) Establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de igualdad con los del hombre y garantizar, por conducto de los tribunales nacionales competentes y de otras instituciones públicas, la protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación”.

La CEDAW está regida por tres principios básicos: 1. Igualdad de resultados  2. No discriminación 3. Responsabilidad estatal

Para apoyar la aplicación de esta convención, la ONU adoptó en el año 1999 el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, mismo que México ratificó de inmediato.

Para evaluar la aplicación en los países firmantes del CEDAW y de su Protocolo de actuación se creó un Comité exprofeso. México desde 1998 ha presentado informes ante dicho comité, ha sido evaluado y se ha ocupado de solventar y cumplir las recomendaciones correspondientes, algunas tan críticas como la de los feminicidios de Cd. Juárez en 2012.

Por otra parte en noviembre de 2010 la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia (AMIJ) señaló, ante el gobierno y las autoridades judiciales la obligación constitucional de garantizar el ejercicio pleno y sin discriminación del principio de igualdad para las mujeres. 

Con ese propósito, el 24 de septiembre de 2014 en el Auditorio del Poder Judicial de Tamaulipas se celebró el Convenio de adhesión al pacto para introducir la perspectiva de género en los órganos de impartición de justicia en México, siendo este el único instrumento adoptado por órganos jurisdiccionales de todas las materias y órdenes.

Este convenio estableció las bases para la aplicación sistemática de la perspectiva de género  en todos los ámbitos de acción de los órganos jurisdiccionales de Tamaulipas. Una de las funciones destacadas del comité es el seguimiento y evaluación, por parte de que quienes lo suscribieron y sus suplentes, del cumplimiento de los acuerdos.

En la gestión del Gobierno de Francisco Javier Cabeza de Vaca,  el 28 de abril de 2017 se realizó la 4ª. sesión del Comité Estatal de Seguimiento y Evaluación del Convenio de Adhesión al “Pacto para introducir la Perspectiva de Género en los Órganos de Impartición de Justicia en México”. En esa reunión participaron destacadas mujeres en este campo, como  la Lic. Emilia Vela González, magistrada del Tribunal Electoral de Tamaulipas, que ha trabajado en el tema desde 1999. En ese evento jurídico  identificaron los pendientes para lograr la incorporación de la perspectiva de género al interior de los tribunales en el estado y analizaron criterios jurídicos y jurisdiccionales, así como las posibles acciones administrativas con perspectiva de género a implementarse en Tamaulipas en el mediano plazo.

Precisamente en esta importante línea de trabajo judicial, la Casa de la Cultura Jurídica de Cd. Victoria, la Asociación de Mujeres Profesionistas de Victoria y el Colegio de Abogados de Cd. Victoria, han convocado a especialistas en esta rama y a público interesado a asistir a la conferencia Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género, que impartirá en punto de las 19:00 hrs., el magistrado Gonzalo Higinio Carrillo de León, del IV Circuito del Poder Judicial de la Federación. La cita es en el  auditorio del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas, ubicado en Zaragoza Ote. 2315. (antiguo edificodel Congreso del Estado)

Está Ud. cordialmente invitado.