Justicia laboral, paso a pasito.



 

Los pasos para instrumentar el nuevo esquema de justicia laboral en Tamaulipas, son lentos, debido a que, el presupuesto del Poder Judicial todavía o está actualizado y, por tanto, carece de un capítulo relativo a Tribunales Laborales y la armonización de documentos jurídicos.

Como quiera, en esta semana se instaló la Comisión Interinstitucional para la implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Labora, acción que abona al proceso, que, obvio tiene fechas y se llegarán en menos que canta un gallo.

Según lo hizo ver la secretaria del Trabajo, Estela Chavira Martínez, hermana del excandidato independiente a la gubernatura de la entidad, Francisco Chavira, el primero de mayo del 2022, es decir, en menos de tres años, las Juntas de Conciliación y Arbitraje deberán entregar los expedientes relacionados con los sindicatos a las autoridades que les sustituirán  y esa misma fecha iniciarán sus funciones los Centros de Conciliación Estatales y la parte Judicial con la operación de los Juzgados Laborales.

Un año después comenzará a trabajar el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, porque en esa fecha, los Gobiernos de las entidades del país, deberán de concluir la transformación jurídica, presupuestal y operativa de las Juntas de Conciliación en Tribunales Laborales y establecer la congruencia con los preceptos de la Reforma Laboral que existe en el país.

El abogado Abelardo Perales Meléndez, uno de los funcionarios más austeros y sencillo de la administración estatales, es quien da seguimiento a las acciones de la nueva justicia laboral, esa que, los patrones esperan con ansia, porque servirá para quitarse de encima a los abogados abusivos, prepotentes y esquilmadores que existen en todas las ciudades de la entidad, porque siempre sacan ventaja de los casos que llevan de los trabajadores, pues se quedan con el dinero de las empresas y a los demandantes los conforman con bicocas.

El abogado victorense que trabajó en la administración federal panista de la alternancia y que, fue uno de los protagonistas del panismo local, está dedicado a sacar adelante tareas jurídicas del Gobierno de la entidad y no vacila en comentar que uno de los grandes retos, es lograr que el sistema de Justicia Laboral se concrete, por las dificultades que entraña en lo estructural, presupuestal, espacios físicos con mobiliario y equipo de computación de última generación.

Además, es imprescindible la formación de recursos humanos y su capacitación, porque a la hora que los tribunales comiencen a operar, otra será la forma de resolver las controversias entre obreros y patrones.

Se supone que la actividad que desplegará la Comisión Interinstitucional para la Implementación de la Reforma del Sistema de Justicia Laboral, permitirá avanzar con mejor paso, para que, Tamaulipas no se quede entre las entidades del país a las que no parezca interesarles concretar el nuevo esquema, que debe arroparse con Leyes secundarias y reglamentos en los que ya nada tendrá que ver la Secretaria del trabajo de la entidad, si se toma en cuenta que esto será asunto del Poder Judicial de Tamaulipas.

Dicho en otras palabras, la responsabilidad será el Magistrado Horacio Ortiz Renán, presidente del Poder Judicial de Tamaulipas y no de la secretaria del Trabajo, Estela Chavira Martínez.

El abogado Perales Meléndez había dicho que se tienen documentos casi terminados para reformas a Leyes primarias y secundarias de la entidad, que servirán para dar sustento jurídico a los organismos que se encargarán de llevar a los patrones y a los trabajadores justicia laboral verdadera.

Por tratarse de una Comisión Interinstitucional, esta se actuará para acelerar el proceso de cambio de las Juntas de Conciliación a Tribunales Laborales, es probable que ahora sí, los funcionarios del Poder Judicial se pongan a echar números y le hagan saber al titular del Poder Ejecutivo cuánto dinero necesitan para ampliar los espacios de trabajo, comprar equipo y contratar personas para que lleve a cabo la impartición de justicia laboral. 

 

Los otros

No servía para nada el Seguro Popular, según la versión del excandidato presidencial del Partido Regeneración Nacional, don Andrés López Obrador, incluso, como presidente Electo del país hizo ver que lo quitaría porque ni era seguro ni era popular.

Luego se dio cuenta de que, la Protección Social en Salud, que es a partir de la cual se crea el seguro popular, está bien metida en las leyes federales del país y que, para darle mate, se requiere de una gran reforma constitucional y de salud, así que, hace unas semanas se determinó que el seguro popular se queda y, lo mejor para la administración del político tabasqueño, es que dará vida al Instituto de Salud para el Bienestar, que comenzará a trabajar con 80 mil millones de pesos que se toman del Fondo de gastos Catastróficos que tiene aprobados el Seguro Popular.

En el terreno de la realidad, claro que el llamado Régimen de Protección Social en Salud, sirve al gobierno de la transformación 2019, pero, que quede bien claro que, como en el resto de las acciones que lleva a cabo el Gobierno de la República, se toman recursos etiquetados para acciones prioritarias en el país, trasladándose a la solución de compromisos que fueron adquiridos en las campañas políticas.

Solo esperemos que, cuándo los ciudadanos requieran de apoyo para resolver graves problemas de salud, todavía quede dinero del Fondo de Gastos Catastróficos, para evitar que las familias deban de vender hasta las gallinas y empeñas las tierras para pagar la cura de sus parientes.

Tamaulipas es de las entidades en las cuales el Seguro Popular ha operado con buenos resultados y el esquema de gastos catastróficos ha ayudado a mucha gente. También con recursos del seguro popular, se ha mejorado la infraestructura para la atención de la salud, porque se han rehabilitado los Centros de Salud y los Hospitales, incluso, hasta se sustituyen tres de estos últimos. El General de Tampico ya terminado y los de Madero y Matamoros en proceso.

Para dejar otra víbora chillando, ahora que se pusieron de moda con la renuncia del Secretario de Hacienda y Crédito Público, Carlos Urzúa, la secretaria General del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de Tamaulipas, Blanca Valles Rodríguez, hizo ver que podría ir por una reelección más al frente de su organización, porque las bases lo plantean y para acallar a los oportunistas que gritan y demandan un cambio, como sí en realidad fuesen representantes de grupos de trabajadores.

Incluso, una de ellas, ni trabajadora es, porque su especialidad es no hacer nada y enojarse cuándo tenía que sacar alguna chamba del área en la que laboraba hace años.