Gobernador de 5 años



 

En el proceso de sincronización de elecciones federales con estatales para evitar que cada año se realicen comicios, se han cometido algunos atropellos.

Decisiones de orden político de los grupos de poder estatales han generado problemas que derivan en situaciones como la que  hoy vive Baja California.

Muy grave pues los enconos que se produjeron derivan a una situación que raya en la violación a la constitución general de la república.

El problema de raíz es que el PAN, partido que ejercía el poder estatal desde hace 30 años, vio el riesgo de perder la gubernatura, luego de la fuerza de MORENA del 2018.

Por ello, para el proceso electoral del 2019, previamente en aras de empatar el proceso electoral de gobernador con una contienda federal, opta y aprueba en su congreso de mayoría albiazul, una gubernatura de 2 años en lugar de 5 años.

Esa situación deja sinsabores políticos en la clase política local y en algunos sectores de la sociedad, en particular en la izquierda.

A partir de ahí, luego de la elección de gobernador para dos años que gana MORENA y es para un periodo constitucional de 2 años para Jaime Bonilla García, aparecen una serie de situaciones que enrarecen el proceso democrático y jurídico.

Un fenómeno complicado porque lo avalan todos los partidos políticos presentes en el Congreso de Baja California: PAN (mayoría 12 ) PRI (5), MORENA(3) , PT (1), Independiente (1) y 3 de partidos locales.

De hecho la propuesta parte de uno de los Diputados de MORENA y lleva como beneficiario a su gobernador electo por dos años, Jaime Bonilla.

Pero curiosamente la reforma que violenta la constitución es aprobada por los 12 diputados del PAN, los 5 del PRI 3 de MORENA y uno independiente, antes del PMC.

Más allá del necesario proceso jurídico para hacer valer la democracia y en especial el respeto al orden constitucional, que está en manos de la Comisión Permanente del Congreso, de los partidos políticos, de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo que pueden llevar recursos de inconstitucionalidad a la Suprema Corte de Justicia de la Nación,  tiene que enmendarse la aberración política.

Y dejar un antecedente que impida surjan otros intentos de anteponer el orden constitucional local al federal.

Por lo pronto, deja una lección para el asunto de ese corte que está pendiente para Tamaulipas, porque está pendiente empatar la elección de gobernador con un proceso federal.

En Tamaulipas como en Baja California hay un Congreso de Mayoría Panista que pueda tratar de imponer un periodo de gobernador de 2 años.

Ello en aras de poner el periodo mínimo ante el crecimiento de la ola morenista y el riesgo de que ese partido pueda ganar la gubernatura. 

Para evitar ese tipo de situaciones, con raja política para quien tiene el control del Congreso, lo ideal es que el periodo para la siguiente gubernatura en Tamaulipas, sea por 5 años.

Es el tiempo más cercano al de la actual gubernatura que es de 6 años.

Dos años es muy poco para una gubernatura.

Y ya se vio que muy poco sirven para evitar la alternancia política.

Además de generar el caldo de cultivo propicio para pretender ampliar los periodos de violentando el orden constitucional como ocurre en Baja California.

Todo este circo antidemocrático y anticonstitucional se hubiese evitado si desde el inicio en la iniciativa para sincronizar la elección con la federal, se hubiese establecido un periodo de 5 años.

Ojalá que Tamaulipas y sus actores políticos, César Verástegui Ostos Secretario General de Gobierno y el Presidente del Congreso Diputado Glafiro Salinas Mendiola, aprendan en zapatos cachanillas.

Y que más allá de colores y partidos se tome la mejor decisión, que es buscar una gubernatura de 5 años para el próximo periodo, a fin de empatarla con las elecciones federales.

Ya existe una iniciativa al respecto de la bancada del PRI, presentada por e Diputado Rafael González Benavides, por cierto ex presidente del Poder Judicial y ex dirigente estatal del PRI.