Extinción de Dominio



 

La extinción de dominio, es una figura jurídica al igual que otras herramientas del ámbito del derecho, y de la cual me permitiré reflexionar  a través de esta colaboración. Los abogados penalistas la vienen conociendo y estudiando desde la instauración del modelo de justicia acusatoria del 18 de Junio de 2008. 

Y de los debates académicos de los especialistas, salta la pregunta: ¿Qué si violenta o no los derechos humanos de las personas a quienes se les ejerza tal acción? 

Al respecto conviene definirla  primero y en ese sentido la extinción de dominio es una acción del Estado en contra de bienes, por lo que posee un carácter real, de contenido patrimonial y procede precisamente sobre cualquier bien, es decir no solamente casas, sino autos o dinero ganancias de procedencia ilícita independientemente de quien lo tenga en su poder, o lo haya adquirido. Vaya un decomiso de bienes, de cualquier tipo,  el cual es completamente legal si tomamos en cuenta el objetivo o propósito de la extinción, como figura jurídica y que es el combate financiero a la criminalidad, uno de los puntos álgidos de cualesquier organización. 

Sin embargo, tras la aprobación de esta Ley Nacional de Extinción de Dominio el pasado 25 de julio, en el legislativo federal, con 420 votos a favor, 9 abstenciones y 10 votos en contra, se desató inmediato la polémica entre algunos sectores, asegurando que es violatoria de derechos humanos de los ciudadanos porque pone en riesgo la propiedad, al no contar con una sentencia judicial para proceder en esa vía. 

La realidad es que si atendemos al espíritu de dicha ley, que es enfrentar al crimen que tanto daño le ha hecho a la sociedad y las familias en décadas recientes; aunado a que los delitos de alto impacto sobre los que incidiría como el narco, el terrorismo, la trata de personas, la corrupción, el lavado de dinero y muchos otros de este mismo calado, a juicio de quien escribe me percato que la referida ley, en sus disposiciones son de orden público, interés colectivo y además de eso, la razón de estado para actuar con tal medida.  Quienes se oponen a eso, ¿Qué motivos o intereses defenderán, o bien en realidad a que le tienen miedo? 

Hay un dicho que reza, “El que nada debe, nada teme” y si también  estoy de acuerdo que en nuestro país las labores de procuración e impartición de justicia, adolecen algunas o muchas veces de vicios que nos salen debiendo a los ciudadanos y más aún a los justiciables, pero de eso a que no asumamos desde la ley cambios en favor de erradicar asuntos prioritarios como la violencia, la inseguridad y el crimen a través del debilitamiento financiero y patrimonial de los grupos delictivos. 

En fin, la extinción de dominio, es solo una figura en la ley, aprobada por mayoría en el Congreso de la Unión, así que quienes operan millonariamente al margen de la ley, tendrán que responder no solo con cárcel, también y tal vez con lo que más les duele: sus fortunas y millones amasados como producto de su conducta antijurídica. 

Ahora bien, esto de la extinción de dominio, se presenta en aras de atacar de fondo un asunto en verdad doloroso para los ciudadanos como usted y como yo estimado lector, que somos testigos de que mucha gente a duras penas tiene casa, salarios bajos, servicios de salud pésimos y soportar además el tsunami que representa la violencia y niveles extremos de inseguridad, que ha cobrado vidas, y ha hecho correr mucha sangre. Por ello, resulta egoísta como cruel pensar “porque me pueden quitar mi propiedad y mis riquezas” 

Necesitamos en nuestra patria si de derechos humanos se trata, defenderlos comenzando desde el mínimo vital,  robustecer el estado de derecho y propiciar condiciones para la paz, generar con estrategias desde la ley, nuestros niveles de seguridad y el bienestar de las mayorías y no solo de unos cuantos o de una minoría privilegiada. 

La Autora es Escritora y Activista, Fundadora de Vive Mejor Ciudadano A.C. Impulsora de Sala de Lectura Infantil y Juvenil “Vive Mejor Ciudadano” Miembro del Comité Plural Noreste de México.