Balaceras



 

Hace no más de una década, recuerdo bien como transitando por una importante avenida de una ciudad del norte del país, nos tocó vivir y sobrevivir a una de las balaceras. 

De norte a sur, acompañada del que entonces era mi novio, de pronto veíamos como los autos de una arteria de alta circulación se detenían y echaban motor hacia atrás, alcanzando a reaccionar en aquél momento, para controlar primero los nervios y desde luego la reacción ante aquél suceso inédito, pidiendo a mi acompañante bajáramos inmediato de la unidad apresurándonos a un establecimiento comercial donde corriendo nos resguardamos junto con muchísima gente a pecho tierra, mientras se escuchaban afuera fuerte las detonaciones. 

Este episodio, como el que en otra ocasión no hace más de 5 años viví en una de las carreteras nacionales, cuando un conjunto de civiles armados bloquearon el paso a las unidades, acompañada de mi pequeña hija, solo atiné a pedirle a Dios, nos resguardara de aquél  acontecimiento, logrando afortunadamente después de muchas horas, salir bien libradas. 

Las famosas balaceras, se volvían cada vez más frecuentes, y con el pavor a salir a las calles, como a las carreteras, los ciudadanos, nos empezábamos a acostumbrar a vivir prisioneros del miedo. 

Aquéllos momentos de angustia y de pánico, quedaron grabados en la memoria colectiva, que con tan solo escuchar el ruido de un cuete, regresaban a la mente vivos aquéllos momentos que se volvieron traumáticos y dolorosos para muchos, sobre todo para quienes perdieron a un familiar, hermano, padre, madre o hijo en el fuego cruzado. 

“Daños colaterales” o “legítima defensa ampliada” fue lo que se argumentó jurídicamente en su defensa por parte de las autoridades militares y policiacas por aquélla “guerra contra el narco”, que dejaba una estela de muerte lo que generaba impotencia y dolor ante los sucesos que provocaba la decisión de un gobernante que enfrentaba el crimen frontalmente. 

Estoy de acuerdo, que con los criminales no se negocia, pero la estrategia de combatir de frente a la delincuencia, muchos líderes la consideran errada, injusta e inadecuada, pensando en las miles de personas inocentes que perdieron la vida, en una acción del estado, que buscaba reestablecer el orden y acabar con el tráfico de drogas. 

Todo lo anterior, viene a colación por lo sucedido hace un par de semanas en Culiacán Sinaloa, donde el humanismo del Presidente de la República, se impuso al proteger a la población de un hecho en el que se ponía en riesgo la vida de mucha gente,  ante la captura del hijo de “El Chapo”. 

Como ciudadana y defensora de los derechos humanos, reconozco la sensibilidad del Ejecutivo, y pese a quien condena la acción sin precedente, queriéndolo hacer ver falto de decisión y carácter,  considero de mucho mayor acierto el acto de que la fuerza del Estado no se desboque en detrimento de vidas inocentes. 

 

Más aún gente que sin deberla ni temerla, a no ser por la tacto y  pensamiento estratégico al elegir entre inconvenientes, se detuvo a pensar en la vida, por cierto de los derechos humanos el primero de los derechos que el Estado debe respetar y garantizar, tal como lo mandata nuestra Constitución y los Tratados Internacionales.   

Así que lo ocurrido en Culiacán, es solo una lección que muestra en el Presidente, el gobernante sensible. Eso merece mi respeto. 

Además dicho suceso,   nos hace replantear como miembros de la sociedad la necesidad urgente de trabajar con las nuevas generaciones en valores, educación, formación cívica, amor a la patria, y respeto a la vida, a la libertad y todos los derechos humanos que nos hace ciudadanos libres y dignos en un país que ha atravesado por muchos embates.  Ojalá que todos nos pusiéramos a trabajar en ese sentido, por lo pronto, Culiacán Sinaloa,  seguirá dando de qué hablar. 

 

La autora es Escritora y Activista. Fundadora de Vive Mejor Ciudadano A.C. Impulsora de Sala de Lectura Infantil y Juvenil “Vive Mejor Ciudadano” Miembro Invitada del Consejo Académico Regional Noreste de las Universidades de Seguridad y Justicia de los Estados de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila. Recientemente nombrada por parte del H. Claustro Doctoral Honoris Causa A.C. Coordinadora de Derechos Humanos para la Zona Norte del país.